Cuando ya creíamos haber visto de todo en el conflicto del agro, cinco diputados nacionales, acompañados por el ex diputado Mario Cafiero, salen con un planteo que apunta ostensiblemente a legitimar el lock-out de la patronal sojera. En el bloque neonato tenemos de todo. Tres de ellos, Lozano, Macaluse y Verónica Benas han defendido siempre las retenciones a las exportaciones agrarias y mineras, e incluso la necesidad de elevar el porcentaje de ese impuesto a partir del crecimiento en flecha de los precios internacionales de las materias primas. Otros dos, el entrerriano Garbino y el socialista Viale, por el contrario, han apoyado la movida de la patronal sojera y, por lo tanto, el planteo de derogar los aumentos establecidos en la resolución 125. Finalmente, tenemos a un ex diputado, Mario Cafiero, que ha empeñado su tiempo en investigar las maniobras de las exportadoras para defraudar al fisco en el pago que deben hacer de los impuestos a la exportación en su condición de agentes de retención y, por sobre todo, en el empeño por demostrar que esta defraudación "la paga el campo". Es decir que, cuando los campos parecían definitivamente delimitados, apareció una convergencia de posiciones antagónicas, o el parto de la nona. De todos modos, en un artículo que el diario Crítica se negó a publicar pero que puede leerse en la página electrónica de Prensa Obrera , habíamos anticipado hace tres semanas que Lozano estaba coqueteando con la posibilidad de cambiar de campo.
El lunes pasado, este bloque denunció, precisamente, que la defraudación al fisco por parte de los exportadores es "pagada por los productores"; y no solamente esto, sino que aseguraba que "los más débiles (calificativo que aplica a la patronal sojera en su conjunto) pagan la retención real y los más fuertes siguen evadiendo los costos" (Crítica, 24/6). Después de largos cien días de crisis, el bloque nos presenta la novedad de un movimiento agrario que se insurge contra las multinacionales no movido por el interés de acaparar la mayor parte posible del alza de los precios internacionales a costa de los consumidores. Lo curioso de todo esto es que las supuestas víctimas de las maniobras de las exportadoras, los sojeros, no habían advertido el hecho durante tres largos meses, ni tampoco el experimentado cuarteto (o quinteto, según se lo mire) que las representa. En ningún momento se los escuchó pedir la devolución del dinero que les sustraen los exportadores sino exigir, insistentemente, que se bajen las retenciones a los niveles que existían al 11 de marzo pasado; o sea, quedarse con la totalidad del aumento de los precios internacionales.
Que los pulpos exportadores defraudan al fisco ha sido establecido en forma irrefutable, en primer lugar por el insospechable Martínez Raymonda, el demócrata progresista que fuera embajador de Videla en Portugal. Fue él precisamente quien presentó un proyecto de ley para que se privara a los exportadores de la posibilidad de declarar ventas de granos al exterior sin haber antes comprado la mercadería. El cese de esta operatoria pondría fin a la maniobra de fijar, antes de que hubiera una compra-venta, tanto la tasa a pagar por retenciones como el precio de la mercadería objeto del impuesto. Esta maniobra permitía a los exportadores anticiparse a la suba de las retenciones e incluso a la del precio de los productos gravados por ellas, y pagar al fisco, al momento de concretar la operación, un monto retenciones considerablemente menor al que les hubiera correspondido. Es así que cuando las retenciones subieron del 27,5 al 35% y ahora al 44/46%, el Estado, sin embargo, sólo recaudó el equivalente a un 23,4% del total exportado, porque los exportadores pagaron retenciones incluso inferiores al 27,5%, más la yapa de la evasión impositiva. Lo único que impide calificar a esto como una defraudación es que las declaraciones anticipadas se encuentran aún hoy legalmente autorizadas.
La novedad que introduce el neobloque es su afirmación de que esa defraudación produce una transferencia del agro a la exportación, lo que convierte al movimiento de la patronal agraria en poco menos que antiimperialista. No es así: se trata de una transferencia del Estado, que hubiera debido recaudar una suma mayor, a los monopolios exportadores. Si el exportador liquidara correctamente el impuesto, o sea a la tasa vigente en el momento en que efectivamente compra el grano, la recaudación no iría al patrón sojero sino a la Afip. Con la estafa el capital agrario no pierde nada, salvo que se pretenda que al patrón sojero se le descuente también la tasa de retención vigente con anterioridad a la venta de su grano. Estamos ante una estafa, y qué estafa, no a la clase explotadora del campo sino al pueblo, porque aumenta la carga fiscal del resto de los contribuyentes en el sostenimiento de las finanzas públicas. Estamos ante un tipo de estafa que también practican con destreza los chacareros y terratenientes cuando pagan el impuesto inmobiliario rural sobre la valuación fiscal de la tierra y no sobre su precio de mercado, que en la provincia de Buenos Aires es ¡80! veces superior. Es legal, pero igualmente una estafa. Es natural que los agrarios no hubieran ventilado la estafa legal de los exportadores, por aquello de que entre bueyes no hay cornadas.
De todos modos, nadie ignora la competencia desigual entre el monopolio y la patronal de menor capital, en todas las ramas de la economía. El monopolio impone condiciones a la hora del financiamiento, ejercita una concurrencia ruinosa y tiene mayor capacidad para aprovechar las oscilaciones en los precios. Esta situación produce un conflicto permanente, que es estructural al capitalismo. ‘Nuestros' chacareros, sin embargo, han aprendido rápido, pues ahora tienen almacenados más de 30 millones de toneladas de soja en los silos-chacra a la espera, no solamente de que el Congreso reduzca las retenciones, sino a la espera de que siga aumentando el precio internacional. El flamante neobloque de los cuatro más uno no parece haber reparado que esta maniobra ‘chacarera' priva al Estado y a la economía de una suma enorme de impuestos y de divisas. La única explicación para esta duplicidad metodológica quizás sea que huelen que el viento está cambiando de dirección.
Volviendo a Martínez Raymonda, su proyecto para que solamente se reconozcan las retenciones y los precios vigentes al momento de efectivizar la compra-venta fue desvirtuado en el Senado por un amigo de los Kirchner, el mandamás de Aceitera General Deheza, que explota la soja y la exporta también. Alberto Ferrari Etcheberry, quien fuera presidente de la Junta Nacional de Granos (disuelta por Menem), había denunciado ya, a mediados de marzo pasado, que Urquía, el ‘amigo' en cuestión, había enmendado el proyecto Raymonda para permitir que las exportadoras pudieran congelar, mediante simples declaraciones de ventas, ya no las retenciones pero sí el precio del grano. Para dar un ejemplo: las ventas que declararon las exportadoras a principios de año deberían pagar hoy el 45% de retención, no el 35% de aquel momento, pero sobre el precio de entonces, que era de alrededor de 380 dólares, y no sobre el corriente, que supera los 500 dólares la tonelada. De este modo obtendrían una ganancia indebida de 122 dólares sobre cada tonelada, o sea 1.700 millones de dólares sobre los 14 millones que habían declarado sin que las tuvieran en su poder. Se trata de una estafa al fisco, no al ‘productor', al cual las exportadoras le pagarán el precio que pacten, nunca el que figura en la declaración jurada. En un texto que se llama "La oligarquía ya no existe", que es de por sí toda una definición, Cafiero asegura que "las retenciones móviles habrían (sic) sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos", en otra manifestación de la tesis de que estaríamos asistiendo a un levantamiento agrario ‘nacional y popular'. Según Cafiero, el gobierno habría establecido el aumento de las retenciones para bajar el precio interno de los granos y evitar pérdidas a las exportadoras, que habían asumido compromisos de venta a precios menores a los corrientes al momento de concretar la operación. Sin embargo, las retenciones móviles no aumentaron al punto de anular el aumento de los precios internacionales. Al mismo tiempo, es difícil imaginar que un pulpo exportador comprometa por adelantado un precio de venta en un mercado de precios en alza sin haberse asegurado un precio de compra; más difícil todavía es suponer que la misma torpeza la cometieron los 70 grupos de exportación listados en un documento del flamante bloque.
Este neobloque peculiar (cuyos miembros no renuncian a seguir en los bloques por los cuales fueron electos, y por lo tanto a practicar una doble lealtad), tampoco advierte que el fraude de Urquía, que congela el precio sobre el que se aplican las retenciones, ofrece un poder negociador a los añorados chacareros, no hablemos de los que ocupan los lugares superiores de la patronal sojera. Es que una diferencia de 122 dólares por tonelada, a costa del fisco, es algo cuyo reparto cualquier vendedor de soja va a reclamar al comprador, o que el comprador puede usar como señuelo para asegurarse el abastecimiento en tiempo y forma. Los diputados en cuestión denuncian muy bien, aunque confusamente, las tropelías especuladoras de los exportadores, aunque lo hacen para levantar los blasones del capital agrario. Se olvidan de que la propia producción agraria es, objetivamente, altamente especulativa, por la extensión de su ciclo: los sojeros, por ejemplo, sembraron cuando el precio internacional era la mitad del actual y cosecharon cuando era un 30% inferior. A su modo, ‘congelaron' un costo de producción en un mercado de precios en alza. Esto no va a parar a los ‘pibes' que son objeto rutinario de lamento de Lozano y De Gennaro, sino al bolsillo de los capitalistas del agro y de los pool de siembra. Si el remedio a la exacción contra el agro que cree ver Cafiero es, como se deduce de su planteo, volver a las retenciones del 35%, la patronal sojera obtendría una mayor porción del precio internacional. Los exportadores seguirían defraudando al fisco, reteniendo el mismo 35% pero siempre sobre los 380 dólares, no sobre los 550 de la última cotización. El 9 de Julio podríamos celebrar el día de la patria sojera y cambiar San Miguel de Tucumán por Rosario, Paraná o Pergamino.
Como lo ecuánime no quita lo valiente, digamos, para terminar, que los autodesignados intelectuales que sacan cartas para apoyar al kirchnerismo y sus secuaces, los ‘economistas de izquierda', se empeñaron muy bien en ocultar el maridaje del gobierno ‘nacional y popular' con los pulpos exportadores, que históricamente han sido la punta de lanza de lo que aquéllos llaman la "restauración conservadora".
Es más claro que nunca que la clase obrera no debe ir a la rastra de ninguno de estos bandos capitalistas, que por otra parte están buscando desesperadamente un compromiso a costa de los trabajadores. Después de todo, no son tan tontos como para no darse que cuenta de que si siguen desestabilizando el proceso económico y agitando el político, en la puerta los vuelve "a esperar (como dijo Engels) el verdugo".
El lunes pasado, este bloque denunció, precisamente, que la defraudación al fisco por parte de los exportadores es "pagada por los productores"; y no solamente esto, sino que aseguraba que "los más débiles (calificativo que aplica a la patronal sojera en su conjunto) pagan la retención real y los más fuertes siguen evadiendo los costos" (Crítica, 24/6). Después de largos cien días de crisis, el bloque nos presenta la novedad de un movimiento agrario que se insurge contra las multinacionales no movido por el interés de acaparar la mayor parte posible del alza de los precios internacionales a costa de los consumidores. Lo curioso de todo esto es que las supuestas víctimas de las maniobras de las exportadoras, los sojeros, no habían advertido el hecho durante tres largos meses, ni tampoco el experimentado cuarteto (o quinteto, según se lo mire) que las representa. En ningún momento se los escuchó pedir la devolución del dinero que les sustraen los exportadores sino exigir, insistentemente, que se bajen las retenciones a los niveles que existían al 11 de marzo pasado; o sea, quedarse con la totalidad del aumento de los precios internacionales.
Que los pulpos exportadores defraudan al fisco ha sido establecido en forma irrefutable, en primer lugar por el insospechable Martínez Raymonda, el demócrata progresista que fuera embajador de Videla en Portugal. Fue él precisamente quien presentó un proyecto de ley para que se privara a los exportadores de la posibilidad de declarar ventas de granos al exterior sin haber antes comprado la mercadería. El cese de esta operatoria pondría fin a la maniobra de fijar, antes de que hubiera una compra-venta, tanto la tasa a pagar por retenciones como el precio de la mercadería objeto del impuesto. Esta maniobra permitía a los exportadores anticiparse a la suba de las retenciones e incluso a la del precio de los productos gravados por ellas, y pagar al fisco, al momento de concretar la operación, un monto retenciones considerablemente menor al que les hubiera correspondido. Es así que cuando las retenciones subieron del 27,5 al 35% y ahora al 44/46%, el Estado, sin embargo, sólo recaudó el equivalente a un 23,4% del total exportado, porque los exportadores pagaron retenciones incluso inferiores al 27,5%, más la yapa de la evasión impositiva. Lo único que impide calificar a esto como una defraudación es que las declaraciones anticipadas se encuentran aún hoy legalmente autorizadas.
La novedad que introduce el neobloque es su afirmación de que esa defraudación produce una transferencia del agro a la exportación, lo que convierte al movimiento de la patronal agraria en poco menos que antiimperialista. No es así: se trata de una transferencia del Estado, que hubiera debido recaudar una suma mayor, a los monopolios exportadores. Si el exportador liquidara correctamente el impuesto, o sea a la tasa vigente en el momento en que efectivamente compra el grano, la recaudación no iría al patrón sojero sino a la Afip. Con la estafa el capital agrario no pierde nada, salvo que se pretenda que al patrón sojero se le descuente también la tasa de retención vigente con anterioridad a la venta de su grano. Estamos ante una estafa, y qué estafa, no a la clase explotadora del campo sino al pueblo, porque aumenta la carga fiscal del resto de los contribuyentes en el sostenimiento de las finanzas públicas. Estamos ante un tipo de estafa que también practican con destreza los chacareros y terratenientes cuando pagan el impuesto inmobiliario rural sobre la valuación fiscal de la tierra y no sobre su precio de mercado, que en la provincia de Buenos Aires es ¡80! veces superior. Es legal, pero igualmente una estafa. Es natural que los agrarios no hubieran ventilado la estafa legal de los exportadores, por aquello de que entre bueyes no hay cornadas.
De todos modos, nadie ignora la competencia desigual entre el monopolio y la patronal de menor capital, en todas las ramas de la economía. El monopolio impone condiciones a la hora del financiamiento, ejercita una concurrencia ruinosa y tiene mayor capacidad para aprovechar las oscilaciones en los precios. Esta situación produce un conflicto permanente, que es estructural al capitalismo. ‘Nuestros' chacareros, sin embargo, han aprendido rápido, pues ahora tienen almacenados más de 30 millones de toneladas de soja en los silos-chacra a la espera, no solamente de que el Congreso reduzca las retenciones, sino a la espera de que siga aumentando el precio internacional. El flamante neobloque de los cuatro más uno no parece haber reparado que esta maniobra ‘chacarera' priva al Estado y a la economía de una suma enorme de impuestos y de divisas. La única explicación para esta duplicidad metodológica quizás sea que huelen que el viento está cambiando de dirección.
Volviendo a Martínez Raymonda, su proyecto para que solamente se reconozcan las retenciones y los precios vigentes al momento de efectivizar la compra-venta fue desvirtuado en el Senado por un amigo de los Kirchner, el mandamás de Aceitera General Deheza, que explota la soja y la exporta también. Alberto Ferrari Etcheberry, quien fuera presidente de la Junta Nacional de Granos (disuelta por Menem), había denunciado ya, a mediados de marzo pasado, que Urquía, el ‘amigo' en cuestión, había enmendado el proyecto Raymonda para permitir que las exportadoras pudieran congelar, mediante simples declaraciones de ventas, ya no las retenciones pero sí el precio del grano. Para dar un ejemplo: las ventas que declararon las exportadoras a principios de año deberían pagar hoy el 45% de retención, no el 35% de aquel momento, pero sobre el precio de entonces, que era de alrededor de 380 dólares, y no sobre el corriente, que supera los 500 dólares la tonelada. De este modo obtendrían una ganancia indebida de 122 dólares sobre cada tonelada, o sea 1.700 millones de dólares sobre los 14 millones que habían declarado sin que las tuvieran en su poder. Se trata de una estafa al fisco, no al ‘productor', al cual las exportadoras le pagarán el precio que pacten, nunca el que figura en la declaración jurada. En un texto que se llama "La oligarquía ya no existe", que es de por sí toda una definición, Cafiero asegura que "las retenciones móviles habrían (sic) sido dictadas en directo beneficio de los exportadores de granos", en otra manifestación de la tesis de que estaríamos asistiendo a un levantamiento agrario ‘nacional y popular'. Según Cafiero, el gobierno habría establecido el aumento de las retenciones para bajar el precio interno de los granos y evitar pérdidas a las exportadoras, que habían asumido compromisos de venta a precios menores a los corrientes al momento de concretar la operación. Sin embargo, las retenciones móviles no aumentaron al punto de anular el aumento de los precios internacionales. Al mismo tiempo, es difícil imaginar que un pulpo exportador comprometa por adelantado un precio de venta en un mercado de precios en alza sin haberse asegurado un precio de compra; más difícil todavía es suponer que la misma torpeza la cometieron los 70 grupos de exportación listados en un documento del flamante bloque.
Este neobloque peculiar (cuyos miembros no renuncian a seguir en los bloques por los cuales fueron electos, y por lo tanto a practicar una doble lealtad), tampoco advierte que el fraude de Urquía, que congela el precio sobre el que se aplican las retenciones, ofrece un poder negociador a los añorados chacareros, no hablemos de los que ocupan los lugares superiores de la patronal sojera. Es que una diferencia de 122 dólares por tonelada, a costa del fisco, es algo cuyo reparto cualquier vendedor de soja va a reclamar al comprador, o que el comprador puede usar como señuelo para asegurarse el abastecimiento en tiempo y forma. Los diputados en cuestión denuncian muy bien, aunque confusamente, las tropelías especuladoras de los exportadores, aunque lo hacen para levantar los blasones del capital agrario. Se olvidan de que la propia producción agraria es, objetivamente, altamente especulativa, por la extensión de su ciclo: los sojeros, por ejemplo, sembraron cuando el precio internacional era la mitad del actual y cosecharon cuando era un 30% inferior. A su modo, ‘congelaron' un costo de producción en un mercado de precios en alza. Esto no va a parar a los ‘pibes' que son objeto rutinario de lamento de Lozano y De Gennaro, sino al bolsillo de los capitalistas del agro y de los pool de siembra. Si el remedio a la exacción contra el agro que cree ver Cafiero es, como se deduce de su planteo, volver a las retenciones del 35%, la patronal sojera obtendría una mayor porción del precio internacional. Los exportadores seguirían defraudando al fisco, reteniendo el mismo 35% pero siempre sobre los 380 dólares, no sobre los 550 de la última cotización. El 9 de Julio podríamos celebrar el día de la patria sojera y cambiar San Miguel de Tucumán por Rosario, Paraná o Pergamino.
Como lo ecuánime no quita lo valiente, digamos, para terminar, que los autodesignados intelectuales que sacan cartas para apoyar al kirchnerismo y sus secuaces, los ‘economistas de izquierda', se empeñaron muy bien en ocultar el maridaje del gobierno ‘nacional y popular' con los pulpos exportadores, que históricamente han sido la punta de lanza de lo que aquéllos llaman la "restauración conservadora".
Es más claro que nunca que la clase obrera no debe ir a la rastra de ninguno de estos bandos capitalistas, que por otra parte están buscando desesperadamente un compromiso a costa de los trabajadores. Después de todo, no son tan tontos como para no darse que cuenta de que si siguen desestabilizando el proceso económico y agitando el político, en la puerta los vuelve "a esperar (como dijo Engels) el verdugo".
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