El boletín barrial del Partido Obrero de Almagro
Para dejarnos notas, opiniones y denuncias barriales escribinos a: po_almagro@yahoo.com.ar
lunes, 16 de febrero de 2009
ORGANIZARSE CONTRA EL TARIFAZO. QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS
En el caluroso mes de noviembre pasado, la empresa Edesur dejó a miles de vecinos del barrio sin luz, demostrando que jamás empleó los multimillonarios subsidios que recibe, para mejorar el servicio. Casi como una provocación, el gobierno la ha “premiado” ahora con un tarifazo, que se suma al aumento que ya sufrimos en otros servicios, y en el transporte.
El gobierno miente cuando dice que los aumentos afectarán a la parte más rica de la población. Al revés, los más perjudicados son los hogares obreros, donde la luz se usa para obtener calefacción, y donde se consume muchísima luz, porque en la misma vivienda suele vivir más de una familia. Así, por ejemplo, en numerosos edificios ocupados del barrio, donde se vive en la más absoluta precariedad, las facturas están llegando con un 150% de aumento.
En noviembre pasado, una enérgica reacción de vecinos y comerciantes sacudió buena parte de las avenidas Córdoba y Corrientes. Hubo cortes de calle en numerosas esquinas.
Debemos responder ahora también, organizándonos en asambleas populares (como ocurre ya en el Gran Buenos Aires), tomando medidas de acción hasta quebrar el tarifazo. El Polo Obrero de Almagro ha emprendido una campaña en esta dirección.
El brutal aumento sobre la luz, el transporte, y otros servicios, obedece a la necesidad del gobierno de disminuir los subsidios sobre las empresas, a las que recompensa con una re-dolarización de las tarifas. Los Kirchner apelan al tarifazo, el dinero de los jubilados (colocado al servicio de una calesita financiera), la depreciación salarial y los despidos, como parte de un conjunto de manotazos contra las masas, que tienen el propósito de mantener los negocios de los capitalistas, y el pago de la deuda externa (64 mil millones de dólares vencen este año), en el marco del derrumbe del precio de los commodities, y de la crisis mundial.
Macri no dice una palabra, porque está de acuerdo con los tarifazos (fue el primero en aumentar los peajes), y porque es además partidario de una mega-devaluación del peso (que el propio matrimonio K está analizando), algo que de consumarse, afectaría dramáticamente a toda la población trabajadora.
Mientras las tarifas suben, las empresas despiden y suspenden trabajadores en masa, con la complicidad más que activa (¡Paraná Metal!) del gobierno y de la burocracia de la CGT y la CTA.
La única salida popular a la crisis es diametralmente opuesta a la del kirchnerismo y la oposición patronal: se trata de afectar las ganancias capitalistas, y no las condiciones de vida de los explotados. Abajo el tarifazo, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, nacionalización de la banca y del comercio exterior. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!.
El gobierno miente cuando dice que los aumentos afectarán a la parte más rica de la población. Al revés, los más perjudicados son los hogares obreros, donde la luz se usa para obtener calefacción, y donde se consume muchísima luz, porque en la misma vivienda suele vivir más de una familia. Así, por ejemplo, en numerosos edificios ocupados del barrio, donde se vive en la más absoluta precariedad, las facturas están llegando con un 150% de aumento.
En noviembre pasado, una enérgica reacción de vecinos y comerciantes sacudió buena parte de las avenidas Córdoba y Corrientes. Hubo cortes de calle en numerosas esquinas.
Debemos responder ahora también, organizándonos en asambleas populares (como ocurre ya en el Gran Buenos Aires), tomando medidas de acción hasta quebrar el tarifazo. El Polo Obrero de Almagro ha emprendido una campaña en esta dirección.
El brutal aumento sobre la luz, el transporte, y otros servicios, obedece a la necesidad del gobierno de disminuir los subsidios sobre las empresas, a las que recompensa con una re-dolarización de las tarifas. Los Kirchner apelan al tarifazo, el dinero de los jubilados (colocado al servicio de una calesita financiera), la depreciación salarial y los despidos, como parte de un conjunto de manotazos contra las masas, que tienen el propósito de mantener los negocios de los capitalistas, y el pago de la deuda externa (64 mil millones de dólares vencen este año), en el marco del derrumbe del precio de los commodities, y de la crisis mundial.
Macri no dice una palabra, porque está de acuerdo con los tarifazos (fue el primero en aumentar los peajes), y porque es además partidario de una mega-devaluación del peso (que el propio matrimonio K está analizando), algo que de consumarse, afectaría dramáticamente a toda la población trabajadora.
Mientras las tarifas suben, las empresas despiden y suspenden trabajadores en masa, con la complicidad más que activa (¡Paraná Metal!) del gobierno y de la burocracia de la CGT y la CTA.
La única salida popular a la crisis es diametralmente opuesta a la del kirchnerismo y la oposición patronal: se trata de afectar las ganancias capitalistas, y no las condiciones de vida de los explotados. Abajo el tarifazo, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, nacionalización de la banca y del comercio exterior. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!.
La lucha de los obreros de Impa, en una nueva etapa
El pasado jueves 4/12, la Legislatura Porteña aprobó una ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación (transitoria) los inmuebles de la fábrica Impa (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina), ubicada en Querandíes al 4200. Luz Roja se acercó para conocer la opinión de los trabajadores.
“Logramos generar un vínculo con el barrio”, comenta Sonia, haciendo un balance de estos últimos meses de lucha, y enumera la gran cantidad de acciones que protagonizaron los trabajadores de la fábrica en este tiempo, desde asambleas en la calle hasta cortes sobre la Avenida Rivadavia.
“Cuando fue el desalojo, vinieron numerosas organizaciones, y eso sirvió para ejercer presión”, agrega. En abril del 2008, un brutal operativo policial desalojó de la planta a los obreros, bajo el cínico argumento de deudas con algunos proveedores. Los gobiernos de la Ciudad y de la Nación , máximos responsable del ahogo económico que sufren las empresas recuperadas, apelan también a la Gendarmería y la Policía para tratar de quebrar a los trabajadores.
“Viene una pelea muy dura por la situación en que se encuentra el país”, continúa Sonia. “Se ve en los pedidos de los clientes. Tenemos que comprar materia prima y no nos alcanza”.
“Se consiguió la expropiación, pero la lucha sigue”, resume Natalia, denunciando el abandono al que el Estado somete a la Cooperativa : la maquinaria es de 1964, se trabaja con generadores eléctricos por falta de luz, no hay gas, etc. En contraste con ello, Aluar, el monopolio del aluminio admirado por Cristina K, ha recibido ya más de 6 mil millones de dólares de manos del Estado.
La ocupación de toda empresa que cierre o despida, la asistencia estatal para garantizar el funcionamiento de las fábricas recuperadas, son medidas perentorias para una verdadera política de reactivación económica, de desarrollo de las fuerzas productivas, y de reorganización social en función de las necesidades de las masas, y no de los apetitos del capital y las camarillas gobernantes.
“Logramos generar un vínculo con el barrio”, comenta Sonia, haciendo un balance de estos últimos meses de lucha, y enumera la gran cantidad de acciones que protagonizaron los trabajadores de la fábrica en este tiempo, desde asambleas en la calle hasta cortes sobre la Avenida Rivadavia.
“Cuando fue el desalojo, vinieron numerosas organizaciones, y eso sirvió para ejercer presión”, agrega. En abril del 2008, un brutal operativo policial desalojó de la planta a los obreros, bajo el cínico argumento de deudas con algunos proveedores. Los gobiernos de la Ciudad y de la Nación , máximos responsable del ahogo económico que sufren las empresas recuperadas, apelan también a la Gendarmería y la Policía para tratar de quebrar a los trabajadores.
“Viene una pelea muy dura por la situación en que se encuentra el país”, continúa Sonia. “Se ve en los pedidos de los clientes. Tenemos que comprar materia prima y no nos alcanza”.
“Se consiguió la expropiación, pero la lucha sigue”, resume Natalia, denunciando el abandono al que el Estado somete a la Cooperativa : la maquinaria es de 1964, se trabaja con generadores eléctricos por falta de luz, no hay gas, etc. En contraste con ello, Aluar, el monopolio del aluminio admirado por Cristina K, ha recibido ya más de 6 mil millones de dólares de manos del Estado.
La ocupación de toda empresa que cierre o despida, la asistencia estatal para garantizar el funcionamiento de las fábricas recuperadas, son medidas perentorias para una verdadera política de reactivación económica, de desarrollo de las fuerzas productivas, y de reorganización social en función de las necesidades de las masas, y no de los apetitos del capital y las camarillas gobernantes.
Ante la crisis, exijamos un subsidio por operario
Según trascendidos periodísticos, alrededor de 250 empresas están recibiendo subsidios del gobierno, de acuerdo a la cantidad de operarios, para el pago de salarios. ¿Por qué no hacen lo mismo con Impa, o el resto de las fábricas ocupadas?. Sencillamente, porque la política del gobierno nacional para las fábricas recuperadas por sus obreros combina el ahogo financiero y la represión, con el propósito de cerrarlas o restituirlas a la vieja patronal vaciadora. Macri también niega cualquier apoyo económico al Impa, procurando quebrar a los obreros por hambre. Exijamos al gobierno de la Ciudad y al de la Nación un subsidio por operario equivalente a media canasta familiar, para garantizar los puestos de trabajo, y un crédito a tasas cero para que la cooperativa pueda comprar materia prima, y funcionar plenamente.
¡PROHIBICION INMEDIATA DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES!
¡PROHIBICION INMEDIATA DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES!
Debate: Proyecto Sur reclama “paz en Gaza” *
El 21 de enero, el partido comunista, Proyecto Sur (Lozano, Solanas), el Partido Humanista y el Partido Solidario (Carlos Heller) eligieron la esquina de las calles Palestina y Estado de Israel para un acto por la "paz en Gaza" - una forma de dar a entender que, primero, hay una guerra, y, segundo, que hay dos responsables. Por eso los susodichos no vinieron a las manifestaciones populares que se hicieron frente a la Embajada de Israel. Hace dos años y medio, el rabino Bergman hacía lo mismo, un acto ‘por la paz' en el Líbano. Mientras los aviones sionistas bombardeaban el país de los cedros (excluyendo solamente a los barrios ricos de Beirut), el rabino juntaba firmas y soltaba palomas de blanco inmaculado. Hizbollah debía dejar de resistir y los F 16 probablemente dejarían de volcar su carga mortuoria.
La consigna de la paz tiene como sesgo reaccionario colocar en el mismo plano al opresor y al oprimido. Es un llamado a que hagan, precisamente, ‘las paces'; que ‘se entiendan', que ‘transen'. Que retornen, después de la masacre y de los crímenes de guerra, al ‘status quo ante', cuando Gaza era una prisión a cielo abierto, el sionismo destruía sus cultivos y prohibía las importaciones y exportaciones, armaba a los grupos de tareas de Al Fatah con la intención de promover un golpe de Estado en la Franja , mantenía la vigilancia desde el cielo con radares y aviones, y con Egipto en la frontera de Rafah. Es la paz del ‘punto final' y del ‘indulto'. Durante 22 penosos días tampoco hubo una guerra, como dicen los ‘pacifistas', sino una masacre, porque el arsenal de uno y otro eran hartos diferentes. ¡Qué rápido olvidaron que la dictadura también pretendió que había librado una guerra, para escamotear la acusación de terrorismo de Estado! Ni siquiera la esquina elegida empareja la cosas, porque una es una calle y la otra una avenida.
No es la ‘paz' lo que hay que reclamar sino la satisfacción de las reivindicaciones de los oprimidos: retiro de las tropas, apertura de las fronteras (de Israel y de Egipto) y reconocimiento de la soberanía marítima, destrucción del muro del Apartheid, destrucción de todas las colonias sionistas construidas sobre los territorios ocupados, libertad de los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes, derecho de los palestinos a retornar a sus hogares y a recuperar las tierras de las que fueron expropiados en estos sesenta años, castigo por los crímenes de guerra e indemnización a las víctimas. No es un programa bolchevique, debería poder suscribirlo cualquier demócrata. La ‘paz', en cambio, es la manutención del estado de opresión y, por lo tanto, la causal de nuevas masacres.
Los ‘pacifistas' de la esquina de Almagro también muestran la hilacha por otro lado. Reclaman la "paz en Gaza", no mucho más, no sea que se los confunda. No en toda la Palestina , pues suponen naturalmente que el Golán y Cisjordania ya se encuentran ‘pacificadas'. En efecto, entre las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina , formadas por Israel y Estados Unidos, de un lado, y el muro de la vergüenza, del otro, en Cisjordania reina, por el momento, una paz sepulcral. En la frontera acechan las bombas de fragmentación o uranio empobrecido, y el fósforo blanco.
¿Qué se desprende de todo esto? Que los de Proyecto Sur y compañía se han esforzado por mostrar el mejor rostro posible al sionismo local, del cual esperan sus votos, dadas las circunstancias. Es la crítica de los amigos, esos que se quejan por las masacres desproporcionadas y excesivas ("la violencia belicista (que agrava) el conflicto con un alto costo para los (¡!) pueblos", dice su proclama) y que exigen seguridad para el único que goza de ella, Israel (que tiene el quinto Ejército del planeta y el cuarto servicio secreto y de tareas), y las mejores maneras en la mesa a los que han sido expropiados y erradicados. Tuvieron el infortunio de reclamar "el retiro de las tropas israelíes" cuando los preparativos de las fiestas de Obama ya las habían forzado a replegarse.
* Publicado en Prensa Obrera Extra On Line número 3, febrero 2009.
¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO!
La consigna de la paz tiene como sesgo reaccionario colocar en el mismo plano al opresor y al oprimido. Es un llamado a que hagan, precisamente, ‘las paces'; que ‘se entiendan', que ‘transen'. Que retornen, después de la masacre y de los crímenes de guerra, al ‘status quo ante', cuando Gaza era una prisión a cielo abierto, el sionismo destruía sus cultivos y prohibía las importaciones y exportaciones, armaba a los grupos de tareas de Al Fatah con la intención de promover un golpe de Estado en la Franja , mantenía la vigilancia desde el cielo con radares y aviones, y con Egipto en la frontera de Rafah. Es la paz del ‘punto final' y del ‘indulto'. Durante 22 penosos días tampoco hubo una guerra, como dicen los ‘pacifistas', sino una masacre, porque el arsenal de uno y otro eran hartos diferentes. ¡Qué rápido olvidaron que la dictadura también pretendió que había librado una guerra, para escamotear la acusación de terrorismo de Estado! Ni siquiera la esquina elegida empareja la cosas, porque una es una calle y la otra una avenida.
No es la ‘paz' lo que hay que reclamar sino la satisfacción de las reivindicaciones de los oprimidos: retiro de las tropas, apertura de las fronteras (de Israel y de Egipto) y reconocimiento de la soberanía marítima, destrucción del muro del Apartheid, destrucción de todas las colonias sionistas construidas sobre los territorios ocupados, libertad de los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes, derecho de los palestinos a retornar a sus hogares y a recuperar las tierras de las que fueron expropiados en estos sesenta años, castigo por los crímenes de guerra e indemnización a las víctimas. No es un programa bolchevique, debería poder suscribirlo cualquier demócrata. La ‘paz', en cambio, es la manutención del estado de opresión y, por lo tanto, la causal de nuevas masacres.
Los ‘pacifistas' de la esquina de Almagro también muestran la hilacha por otro lado. Reclaman la "paz en Gaza", no mucho más, no sea que se los confunda. No en toda la Palestina , pues suponen naturalmente que el Golán y Cisjordania ya se encuentran ‘pacificadas'. En efecto, entre las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina , formadas por Israel y Estados Unidos, de un lado, y el muro de la vergüenza, del otro, en Cisjordania reina, por el momento, una paz sepulcral. En la frontera acechan las bombas de fragmentación o uranio empobrecido, y el fósforo blanco.
¿Qué se desprende de todo esto? Que los de Proyecto Sur y compañía se han esforzado por mostrar el mejor rostro posible al sionismo local, del cual esperan sus votos, dadas las circunstancias. Es la crítica de los amigos, esos que se quejan por las masacres desproporcionadas y excesivas ("la violencia belicista (que agrava) el conflicto con un alto costo para los (¡!) pueblos", dice su proclama) y que exigen seguridad para el único que goza de ella, Israel (que tiene el quinto Ejército del planeta y el cuarto servicio secreto y de tareas), y las mejores maneras en la mesa a los que han sido expropiados y erradicados. Tuvieron el infortunio de reclamar "el retiro de las tropas israelíes" cuando los preparativos de las fiestas de Obama ya las habían forzado a replegarse.
* Publicado en Prensa Obrera Extra On Line número 3, febrero 2009.
¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO!
PARQUE CENTENARIO RESISTE LOS PLANES DE MACRI
Con la agudización de la crisis económica, ha crecido exponencialmente la cantidad de personas que arriban a los parques y plazas, tratando de subsistir por medio de la venta ambulante. No sólo los desempleados llegan a las plazas, sino también centenares de trabajadores en actividad, a los que ya no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Miles de familias se ven empujadas a padecer largas jornadas, bajo las inclemencias de la lluvia, el viento, el frío, o el calor.
Recientemente, el gobierno de Macri anunció que va a “liberar” las plazas y parques de aquellos que duermen o trabajan en ellas. O sea que no sólo el gobierno no resuelve el problema de los vendedores ambulantes y los sin techo, sino que trata de expulsarlos de la Ciudad.
¿Por qué?.
Macri procura poner orden en los parques y plazas con un doble propósito: transformarlos en potenciales negociados inmobiliarios (privatización y destrucción del espacio público, como se vio en su intento de cortar el Parque Chacabuco, para que pase una autopista), y controlar a una población que se va sublevando ante el deterioro de sus condiciones de vida, y que arriba a los parques y plazas para la venta ambulante, o para deliberar y organizarse. Bajo la excusa de la inseguridad, Macri acompaña el plan de arreglo de los espacios verdes con la restitución de ‘guardianes’ por lugar.
Con todo, la represión contra vendedores ambulantes no es una novedad en la gestión macrista: a apenas un mes de haber asumido, intentó quebrar a la feria de Parque Centenario, y prosiguió en Plaza Serrano, en Once, Plaza Houssay, Pompeya, etc.
En Parque Centenario, los feriantes resistieron exitosamente innumerables intentos de desalojo gracias a una lucha tenaz, que incluyó cortes sobre la Avenida Díaz Vélez, movilizaciones masivas sobre diversas dependencias municipales, y asambleas multitudinarias. Han conformado un agrupamiento, ATPCEN, que se ha transformado en una referencia para todos los vendedores ambulantes en lucha de la Ciudad.
Lo que distingue a la organización de los feriantes de Parque Centenario, es que no sólo enfrenta a los gobiernos de turno tratando de preservar su fuente de subsistencia, sino que además está desembarazada de los punteros que gobiernan otras ferias, y que cobran a la gente por tender sus puestos.
Los feriantes del Parque Centenario, que con la lucha han arrancado al gobierno los baños que estaban cerrados, luchan ahora enérgicamente para que el gobierno construya pequeños puestos que alivien sus largas jornadas. Acompañemos su reclamo.
Basta de represión y persecución contra los trabajadores de la vía pública.
No al acoso policial. Ninguna confiscación de mercadería.
Por la libertad de organización en ferias y parques. Abajo los punteros que lucran con la miseria de los trabajadores.
Recientemente, el gobierno de Macri anunció que va a “liberar” las plazas y parques de aquellos que duermen o trabajan en ellas. O sea que no sólo el gobierno no resuelve el problema de los vendedores ambulantes y los sin techo, sino que trata de expulsarlos de la Ciudad.
¿Por qué?.
Macri procura poner orden en los parques y plazas con un doble propósito: transformarlos en potenciales negociados inmobiliarios (privatización y destrucción del espacio público, como se vio en su intento de cortar el Parque Chacabuco, para que pase una autopista), y controlar a una población que se va sublevando ante el deterioro de sus condiciones de vida, y que arriba a los parques y plazas para la venta ambulante, o para deliberar y organizarse. Bajo la excusa de la inseguridad, Macri acompaña el plan de arreglo de los espacios verdes con la restitución de ‘guardianes’ por lugar.
Con todo, la represión contra vendedores ambulantes no es una novedad en la gestión macrista: a apenas un mes de haber asumido, intentó quebrar a la feria de Parque Centenario, y prosiguió en Plaza Serrano, en Once, Plaza Houssay, Pompeya, etc.
En Parque Centenario, los feriantes resistieron exitosamente innumerables intentos de desalojo gracias a una lucha tenaz, que incluyó cortes sobre la Avenida Díaz Vélez, movilizaciones masivas sobre diversas dependencias municipales, y asambleas multitudinarias. Han conformado un agrupamiento, ATPCEN, que se ha transformado en una referencia para todos los vendedores ambulantes en lucha de la Ciudad.
Lo que distingue a la organización de los feriantes de Parque Centenario, es que no sólo enfrenta a los gobiernos de turno tratando de preservar su fuente de subsistencia, sino que además está desembarazada de los punteros que gobiernan otras ferias, y que cobran a la gente por tender sus puestos.
Los feriantes del Parque Centenario, que con la lucha han arrancado al gobierno los baños que estaban cerrados, luchan ahora enérgicamente para que el gobierno construya pequeños puestos que alivien sus largas jornadas. Acompañemos su reclamo.
Basta de represión y persecución contra los trabajadores de la vía pública.
No al acoso policial. Ninguna confiscación de mercadería.
Por la libertad de organización en ferias y parques. Abajo los punteros que lucran con la miseria de los trabajadores.
Por la reapertura del anfiteatro del Parque Centenario
Hace ya mucho tiempo que el anfiteatro de Parque Centenario, un lugar en el que se llegó a representar óperas, se encuentra cerrado. Según una denuncia de trabajadores del Ministerio de Cultura de la Ciudad , una partida de 2 millones de pesos para su refacción fue desviada hacia otras tareas.
Según LaPolíticaOnLine (2-2), Macri va a destinar $65 millones para el arreglo de espacios verdes, aunque en la perspectiva de su privatización, como señalamos en otra nota de este boletín. Luchemos para que el anfiteatro se reabra, y por puestos para los feriantes de la calles Díaz Vélez, Finochietto y Leopoldo Marechal.
Según LaPolíticaOnLine (2-2), Macri va a destinar $65 millones para el arreglo de espacios verdes, aunque en la perspectiva de su privatización, como señalamos en otra nota de este boletín. Luchemos para que el anfiteatro se reabra, y por puestos para los feriantes de la calles Díaz Vélez, Finochietto y Leopoldo Marechal.
domingo, 15 de febrero de 2009
DEFENDAMOS EL DERECHO AL TRABAJO Y AL PAN
Néstor Kirchner insiste en advertir a los patrones contra los despidos.
Pero él sabe que los patrones siguen despidiendo.
Según estimaciones privadas, la desocupación ha crecido un 30 por ciento entre los trabajadores que se encuentran en negro o bajo contrato precario.
También hay despidos en la gran industria, aunque aquí todavía predominan las suspensiones y la reducción de la jornada de trabajo y de los salarios.
En Siderar, el horario laboral se ha reducido a la mitad (dos semanas al mes) y en dos terceras partes si se tienen en cuenta las horas extras.
Como consecuencia de esto, un trabajador de la gran industria pasará a ganar por debajo de la línea de pobreza.
La asistencia a los comedores comunitarios o barriales ha aumentado considerablemente: más niños no tienen para comer.
Una parte de la clase media asalariada ha ido a parar a las villas y a los comedores como consecuencia de la falta de trabajo y de la carestía de los alquileres.
Pero Kirchner sigue asegurando que Argentina "está bien parada".
Puras mentiras: Techint introdujo una cláusula de condicionalidad en el acuerdo en Siderar, que la exime de los compromisos que ha firmado si el mercado del acero sigue cayendo.
A pesar de la grave situación de los trabajadores, la burocracia de la UOM se ha declarado ‘tranquila' con los acuerdos de reducción del trabajo y de los salarios, y Moyano festeja al gobierno junto al rey de España, de Telefónica, de Repsol y de Aerolíneas.
En realidad, al aceptar las rebajas salariales en la gran industria, la burocracia ha renunciado a las paritarias que comienzan en marzo.
En medio de la crisis ha elegido posar de florero.
Por todo esto, en lugar de ver a los trabajadores copando las calles para que la crisis la paguen los capitalistas, vemos a los sojeros y a sus políticos reclamando que se deroguen las retenciones a las exportaciones agrarias.
Es el mundo al revés: en lugar de pelear contra el recontra-super-tarifazo, Moyano fue a lucir corbata con Edesur, Natural Gas y Telefónica en Madrid.
Seamos concientes de lo siguiente: el FMI acaba de pronosticar 50 millones de despidos en 2009 a nivel mundial; tres millones en América Latina -o sea, cerca de un millón en Argentina (pero, como sabemos, los pronósticos, últimamente, se quedan cortos).
Las suspensiones y los despidos no son solamente malos: ¡no son una salida! ¡agravan la espiral descendente de la crisis!
Pero los Kirchner no lo ven así, y menos aún los políticos sojeros: con canjes de deuda externa e interna están allanando el camino para un acuerdo con el FMI.
La política del FMI es congelar sueldos y salarios, para que el capital se reconstituya de la crisis mediante la "reducción de los costos".
Pero esto también es no solamente malo; simplemente no sirve porque el FMI se ha quedado sin plata para socorrer a nadie. Se ha gastado los cartuchos en el ‘salvataje' de Europa oriental, mientras la lista de los ‘accidentados' crece con furia.
O sea: nada por aquí, nada por allá.
¿Por dónde está entonces la salida?
Por mantener las fuentes de trabajo y los salarios; elevar los subsidios a los sin trabajo, con un mínimo de 500 pesos; y encuadrar a la industria en un plan de producción, bajo control obrero, que satisfaga los objetivos de un plan de reactivación y desarrollo, incluso mediante la nacionalización sin compensación.
Para financiar este plan y para asegurarnos que los capitalistas no continúen retirando dinero del país es necesario nacionalizar los bancos y los monopolios del comercio exterior.
En estas condiciones, debemos reclamarles a los sindicatos a que no vengan con propuestas de acuerdos truchos, contrarios a los intereses más elementales de los trabajadores, sino que convoquen a asambleas y plenarios de delegados con mandato, para ir a un plan de lucha por estos objetivos.
Hagamos conciente esto: la crisis capitalista es enorme e imparable.
Nosotros no debemos pagarla.
Entonces, manos a la obra.
Pero él sabe que los patrones siguen despidiendo.
Según estimaciones privadas, la desocupación ha crecido un 30 por ciento entre los trabajadores que se encuentran en negro o bajo contrato precario.
También hay despidos en la gran industria, aunque aquí todavía predominan las suspensiones y la reducción de la jornada de trabajo y de los salarios.
En Siderar, el horario laboral se ha reducido a la mitad (dos semanas al mes) y en dos terceras partes si se tienen en cuenta las horas extras.
Como consecuencia de esto, un trabajador de la gran industria pasará a ganar por debajo de la línea de pobreza.
La asistencia a los comedores comunitarios o barriales ha aumentado considerablemente: más niños no tienen para comer.
Una parte de la clase media asalariada ha ido a parar a las villas y a los comedores como consecuencia de la falta de trabajo y de la carestía de los alquileres.
Pero Kirchner sigue asegurando que Argentina "está bien parada".
Puras mentiras: Techint introdujo una cláusula de condicionalidad en el acuerdo en Siderar, que la exime de los compromisos que ha firmado si el mercado del acero sigue cayendo.
A pesar de la grave situación de los trabajadores, la burocracia de la UOM se ha declarado ‘tranquila' con los acuerdos de reducción del trabajo y de los salarios, y Moyano festeja al gobierno junto al rey de España, de Telefónica, de Repsol y de Aerolíneas.
En realidad, al aceptar las rebajas salariales en la gran industria, la burocracia ha renunciado a las paritarias que comienzan en marzo.
En medio de la crisis ha elegido posar de florero.
Por todo esto, en lugar de ver a los trabajadores copando las calles para que la crisis la paguen los capitalistas, vemos a los sojeros y a sus políticos reclamando que se deroguen las retenciones a las exportaciones agrarias.
Es el mundo al revés: en lugar de pelear contra el recontra-super-tarifazo, Moyano fue a lucir corbata con Edesur, Natural Gas y Telefónica en Madrid.
Seamos concientes de lo siguiente: el FMI acaba de pronosticar 50 millones de despidos en 2009 a nivel mundial; tres millones en América Latina -o sea, cerca de un millón en Argentina (pero, como sabemos, los pronósticos, últimamente, se quedan cortos).
Las suspensiones y los despidos no son solamente malos: ¡no son una salida! ¡agravan la espiral descendente de la crisis!
Pero los Kirchner no lo ven así, y menos aún los políticos sojeros: con canjes de deuda externa e interna están allanando el camino para un acuerdo con el FMI.
La política del FMI es congelar sueldos y salarios, para que el capital se reconstituya de la crisis mediante la "reducción de los costos".
Pero esto también es no solamente malo; simplemente no sirve porque el FMI se ha quedado sin plata para socorrer a nadie. Se ha gastado los cartuchos en el ‘salvataje' de Europa oriental, mientras la lista de los ‘accidentados' crece con furia.
O sea: nada por aquí, nada por allá.
¿Por dónde está entonces la salida?
Por mantener las fuentes de trabajo y los salarios; elevar los subsidios a los sin trabajo, con un mínimo de 500 pesos; y encuadrar a la industria en un plan de producción, bajo control obrero, que satisfaga los objetivos de un plan de reactivación y desarrollo, incluso mediante la nacionalización sin compensación.
Para financiar este plan y para asegurarnos que los capitalistas no continúen retirando dinero del país es necesario nacionalizar los bancos y los monopolios del comercio exterior.
En estas condiciones, debemos reclamarles a los sindicatos a que no vengan con propuestas de acuerdos truchos, contrarios a los intereses más elementales de los trabajadores, sino que convoquen a asambleas y plenarios de delegados con mandato, para ir a un plan de lucha por estos objetivos.
Hagamos conciente esto: la crisis capitalista es enorme e imparable.
Nosotros no debemos pagarla.
Entonces, manos a la obra.
Tartagal arrasada: Un desastre anunciado
La catástrofe en Tartagal supera a todas las anteriores. No podía ser de otro modo porque la depredación ambiental ha producido efectos acumulativos que, sumados, provocaron este alud. La zona ostenta el record mundial de hectáreas desmontadas en los últimos años, en donde las picadas y la actividad sísmica de las petroleras hacen estragos en las laderas de los cerros, donde la deforestación legal e ilegal se realiza con la complicidad del poder político. Esta es la zona en donde los que gobiernan dicen que la catástrofe es un "fenómeno natural".
Las obras públicas que se realizan, de apuro y siempre después de los desastres, han sido apenas una excusa para negociados ya que se ha probado que fueron absolutamente inútiles para evitarlas. Así pasó con las obras en la Quebrada de Galarza, en donde año tras año se invirtieron millones en obras que rigurosamente fueron destruidas por el agua al verano siguiente. Esta es la suerte de la canalización del río Tartagal, con 40 millones invertidos.
Los funcionarios se embarran un poco los zapatos para tratar de eludir sus responsabilidades mientras formulan declaraciones para auto exculparse.
El vicegobernador Zottos ha dicho que él ya sabía que esto iba a ocurrir, como si fuera un miembro de la oposición...
El intendente Leavy se pregunta: "¿No habremos hecho algo mal que Dios se enoja con los tartagalenses?". Por poco no plantea que se debería exorcizar la ciudad con todos sus habitantes.
El gobernador Urtubey dice que el plan de obras necesario excede las posibilidades de la provincia. Sin embargo no ha presentado ni siquiera un plan integral que resuelva el problema en las cuencas altas de los ríos de la zona. Por supuesto no se ha planteado que se aplique una contribución extraordinaria de las compañías petroleras, que ya llevan un siglo extrayendo las riquezas del departamento sin dejar casi nada, para constituir el fondo necesario para financiar las obras.
Es decir que no tiene un plan... ni busca financiamiento.
Atender la emergencia y dar una salida de fondo
El Partido Obrero convoca a toda la población a extender la solidaridad para con los afectados.
En segundo lugar, reclama que el control de la asistencia esté en manos de asambleas de vecinos para evitar las arbitrariedades y el manejo político.
En tercer lugar, impulsamos la convocatoria a una asamblea popular para establecer un plan de reconstrucción que garantice la construcción de viviendas y la infraestructura, financiado por una tasa extraordinaria a las petroleras.
La única solución de fondo es establecer la nacionalización de los recursos del suelo y del subsuelo para poder realizar una planificación sustentable de la producción, industrializarla en la zona y dar salida de este modo a la desocupación masiva, la otra catástrofe social que asola al pueblo del norte de la provincia.
La solución para prevenir nuevas tragedias vendrá de la mano de los vecinos de Tartagal, no de los cómplices de los depredadores del medio ambiente: los sojeros, las compañías petroleras y madereras.
Las obras públicas que se realizan, de apuro y siempre después de los desastres, han sido apenas una excusa para negociados ya que se ha probado que fueron absolutamente inútiles para evitarlas. Así pasó con las obras en la Quebrada de Galarza, en donde año tras año se invirtieron millones en obras que rigurosamente fueron destruidas por el agua al verano siguiente. Esta es la suerte de la canalización del río Tartagal, con 40 millones invertidos.
Los funcionarios se embarran un poco los zapatos para tratar de eludir sus responsabilidades mientras formulan declaraciones para auto exculparse.
El vicegobernador Zottos ha dicho que él ya sabía que esto iba a ocurrir, como si fuera un miembro de la oposición...
El intendente Leavy se pregunta: "¿No habremos hecho algo mal que Dios se enoja con los tartagalenses?". Por poco no plantea que se debería exorcizar la ciudad con todos sus habitantes.
El gobernador Urtubey dice que el plan de obras necesario excede las posibilidades de la provincia. Sin embargo no ha presentado ni siquiera un plan integral que resuelva el problema en las cuencas altas de los ríos de la zona. Por supuesto no se ha planteado que se aplique una contribución extraordinaria de las compañías petroleras, que ya llevan un siglo extrayendo las riquezas del departamento sin dejar casi nada, para constituir el fondo necesario para financiar las obras.
Es decir que no tiene un plan... ni busca financiamiento.
Atender la emergencia y dar una salida de fondo
El Partido Obrero convoca a toda la población a extender la solidaridad para con los afectados.
En segundo lugar, reclama que el control de la asistencia esté en manos de asambleas de vecinos para evitar las arbitrariedades y el manejo político.
En tercer lugar, impulsamos la convocatoria a una asamblea popular para establecer un plan de reconstrucción que garantice la construcción de viviendas y la infraestructura, financiado por una tasa extraordinaria a las petroleras.
La única solución de fondo es establecer la nacionalización de los recursos del suelo y del subsuelo para poder realizar una planificación sustentable de la producción, industrializarla en la zona y dar salida de este modo a la desocupación masiva, la otra catástrofe social que asola al pueblo del norte de la provincia.
La solución para prevenir nuevas tragedias vendrá de la mano de los vecinos de Tartagal, no de los cómplices de los depredadores del medio ambiente: los sojeros, las compañías petroleras y madereras.
Subte: El plebiscito es un mandato para elegir a los delegados y presentar los reclamos
El paro de todo el subterráneo, paro masivo y fulminante, contra la agresión que realizó la patota de la UTA al inicio del plebiscito para decidir la formación de un nuevo sindicato, le dio a la votación masiva que se registró a partir de ese momento una proyección político-sindical enorme, que vale para toda la clase obrera. Sacó a los trabajadores del subte de la impasse creada desde setiembre, cuando la burocracia de UTA ‘eligió' un cuerpo de delegados trucho, con el 8% de los votos, que fue sostenido y avalado por el Ministerio de Trabajo. El plebiscito apoyado en una huelga, expresó la continuidad de la experiencia que empezó con la lucha por las seis horas y condujo a la recuperación del cuerpo de delegados contra la burocracia de la UTA. Retomó el camino mediante el cual, a mediados del año pasado, los obreros del subterráneo habían logrado la anulación de un congreso de la UTA que pretendía la expulsión del gremio de todos los antiguos delegados.
No había terminado el plebiscito cuando la tapa de Ámbito Financiero ya publicaba la definición del ministro Tomada, comprometida con Moyano y compañía en Madrid, de no legalizar el nuevo sindicato que pretenden los obreros del subte. El gobierno legalizó los ‘deletruchos' de la UTA y se empeñó en descabezar esta experiencia clasista que se transformó en referencia nacional para el movimiento obrero. Ahora lo reafirma, lo que demuestra que no concederá la luz a ninguna organización combativa que dé continuidad al histórico cuerpo de delegados, que no sea la que emerja de una derrota de la burocracia, la patronal y el gobierno. O sea que no hay lugar para un compromiso con el gobierno para establecer una "coexistencia pacífica" con la UTA, al estilo de la que la CTA mantiene con la CGT (y ATE con UPCN). De esto se desprende la necesidad de un inmediato plan de acción, lucha y organización para dar esa batalla, para lo cual hemos planteado la asamblea general.
En su momento nos opusimos a la línea de "cavar trincheras con la burocracia" y aceptar la cooptación en una secretaría de la UTA. Ahora pensamos que es perjudicial adaptarse a una línea de paralelismo sindical, o sea la coexistencia de UTA y un nuevo sindicato. El plebiscito otorga a sus impulsores la respuesta: unidad gremial ante la patronal, con exclusión de UTA. Para hacer valer esta situación hay que elegir el cuerpo de delegados.
Al momento de cerrar estas líneas han votado la línea D, la E y la B. La votación ha ido creciendo, al punto que en la B votaron 447 compañeros (439 por el SI) sobre un padrón de presentes de algo menos de 500. Semejante porcentaje del 90% no tiene antecedentes, incluso en las mejores elecciones de delegados. Es que en la B se sumaron como nunca la masa de los compañeros de boletería, auxiliares y de limpieza que siempre tuvieron una participación un escalón abajo que tráfico. En la E el porcentaje de votos positivos superó el 70% y en la D también, teniendo en cuenta que allí se produjo la agresión de la patota y hubo que retomar después de varias horas de paro. En la urna de la B votó más gente que en una urna de votación nacional, fue una romería todo el día, con pequeñas colas de compañeros que se agolpaban y de hecho establecían un control social de la elección; a todas las líneas concurrieron activistas y delegados de otras líneas para colaborar con la tarea.
El paro contra la acción de la patota nació por decisión de los trabajadores de la D y se extendió a la velocidad de un rayo, reflejando una enorme organización existente al margen del cuerpo de deletruchos legales de la UTA. Los llamados ex-delegados por casi todos los medios de prensa, especialmente por el grupo Clarín, exhibieron una representatividad y poder de lucha y movilización extraordinarios, a pesar de que carecen de licencias gremiales y actúan de hecho y no reconocidos por la patronal ni el Ministerio de Trabajo kirchnerista. Al lado de ellos actúan decenas y decenas de activistas que se han ido formando en una década de lucha desde las huelgas y movilizaciones por las seis horas y contra los despidos de activistas en adelante, pasando por las grandes luchas salariales y por la incorporación de las tercerizadas.
Es muy claro que la patoteada de Fernández en la A, para parar el plebiscito a golpes, tuvo el efecto de un boomerang. Pero el hecho merece varias reflexiones porque contó con una zona liberada por parte de la policía y la patronal. El país entero vio, delante de las Madres, de diputados y de todas las cámaras, cómo accionaron los patoteros, impunemente, evidenciando la connivencia del gobierno y la patronal con la patota. Emergió también la repugnancia visceral de todos los trabajadores a la presencia cotidiana de los matones que son ñoquis, en muchos casos sin tomar servicio, que actúan como un cuerpo extraño a la clase obrera.
El paro alcanzó también a la línea H, la nueva, la formada con personal de la bolsa de trabajo de la UTA, lo cual es expresivo de que han hecho una experiencia y que piensan con su propia cabeza. Muchos de ellos lo han verbalizado, "quiero seguir con las seis horas, con este salario y este régimen de trabajo, por eso apoyo a los viejos delegados".
Un hecho riquísimo fue el debate entre el gran activismo de la línea D, una de las que más moviliza históricamente cuando hay que salir a la calle. Ellos no solo pararon "de una" toda la línea, también fueron clave a la hora de decidir la continuidad del plebiscito y con ello cambiaron una derrota por la victoria. La pretensión de Fernández era interrumpir el plebiscito (dijo que "si quieren votar que lo hagan afuera"), es decir pretende sostener el control del lugar de trabajo y los obreros le impusieron a la patota ese control para este acto y, al llevarlo adelante hasta las últimas consecuencias, permitieron la expresión electoral de una masa inédita de compañeros.
En la B, la asamblea resolvió no levantar el paro si no había garantías por parte del gobierno, luego lo levantaron ante la decisión de la D, pero esas garantías aparecieron en los hechos porque fueron emplazados efectivos de policía e infantería por temor a que otra agresión provocara paros más fulminantes. Fue otra victoria dentro de la victoria, la huelga apretó al gobierno, delatando su compromiso con las patotas que actúan en la República Argentina, como Atilra en Rosario, como el Smata contra Dana y en tantos lugares.
El activismo se ha entusiasmado con el desarrollo de los acontecimientos y se ha resuelto un día específico de votación para la línea H, que en principio votaría junto a la A. La batalla en la línea C será más ardua por ciertas posiciones de la burocracia y porque el MST definió la postura por quedarse en la UTA (por ejemplo, impulsó la participación en las elecciones de los deletruchos). Pero están dadas las condiciones para una victoria "en toda la línea" y en todas las líneas. El taller de Polvorines, dominado históricamente por la UTA, votó en un porcentaje apreciable junto a la línea A; allí, como en la B y en Rancagua, fue importante el trabajo de Agrupación de Trabajadores de Metrovías que se movilizó masivamente para las votaciones y para el paro.
Conscientes de que ni el viejo cuerpo de delegados ni el viejo sindicato se abriría paso sin derrotar a la UTA, sostuvimos en todo momento la necesidad de una asamblea general fundacional que resolviera un plan de lucha, la elección de delegados por línea y por taller y el inmediato reclamo salarial, al mismo tiempo que la nueva comisión directiva del sindicato. Esta experiencia apoya esta línea de acción, especialmente a partir del paro general contra la patota. La asamblea sería un gran hecho político, de democracia obrera y de lucha.
El plebiscito carece de resoluciones expresas de los pasos a seguir de aquí en más, pero constituye un mandato: la elección de delegados y el aumento. Esto último ya empezó a votarse en algunos talleres y sectores: un reclamo del 30% de emergencia. Tengamos en cuenta que el aumento del año pasado fue aproximadamente la mitad de la inflación, firmado por UTA a espaldas de los trabajadores.
Para que este proceso no se caiga, hay que elegir de inmediato los delegados, atrás de la cual vendrná solos, en cascada, el reclamo salarial y todos los demás reclamos, de tal suerte que los delegados electos sean la Comisión Directiva provisoria del nuevo sindicato. Tengamos en cuenta que hoy la patronal no reconoce a los verdaderos delegados.
La vigencia de una asamblea general la daba y la da el hecho de que no hay quién decida todo este plan de acción, porque el viejo cuerpo de delegados casi no funciona, sólo se reúnen algunos compañeros, no teniendo en cuenta horarios y convocatorias para que todos participen, incluso se ha abandonado el viejo método del consenso sin establecer otro de mayorías pero con participación de todos. El estatuto y las autoridades del nuevo sindicato deberían surgir de la asamblea general, el método histórico de los sindicatos clasistas. Así funcionó Sitrac-Sitram y todas las grandes experiencias del movimiento obrero; así está establecido incluso en muchos estatutos, como el gráfico, sólo que no se cumplen. El nuevo sindicato del subte surge para cumplir con los métodos clasistas.
Mientras se produce la afiliación al nuevo sindicato hay que elegir delegados nuevos, que establezcan la genuina organización sindical de lucha de los compañeros, no se puede esperar que la "simple inscripción" le dé un carácter legal, porque entonces la llave de la continuidad la tendría el Ministerio de Trabajo kirchnerista y, en años, la justicia. Al Estado se le puede arrancar un reconocimiento como se le arrancaron otras cosas, con la lucha. Tenemos que estar conscientes de que la empresa extraordinaria de la formación de un sindicato clasista del subte, contra la UTA, no surgirá de una política tipo CTA, bajo el amparo de otra burocracia, la de Yasky, integrada por otras vías al Estado. Una inclinación a este tipo de sindicatos paralelos sólo alumbraría un nuevo aparato para el derrotismo. Los trabajadores han votado, con las boletas y con la huelga, por el SI ha un sindicato de lucha. Adelante compañeros.
No había terminado el plebiscito cuando la tapa de Ámbito Financiero ya publicaba la definición del ministro Tomada, comprometida con Moyano y compañía en Madrid, de no legalizar el nuevo sindicato que pretenden los obreros del subte. El gobierno legalizó los ‘deletruchos' de la UTA y se empeñó en descabezar esta experiencia clasista que se transformó en referencia nacional para el movimiento obrero. Ahora lo reafirma, lo que demuestra que no concederá la luz a ninguna organización combativa que dé continuidad al histórico cuerpo de delegados, que no sea la que emerja de una derrota de la burocracia, la patronal y el gobierno. O sea que no hay lugar para un compromiso con el gobierno para establecer una "coexistencia pacífica" con la UTA, al estilo de la que la CTA mantiene con la CGT (y ATE con UPCN). De esto se desprende la necesidad de un inmediato plan de acción, lucha y organización para dar esa batalla, para lo cual hemos planteado la asamblea general.
En su momento nos opusimos a la línea de "cavar trincheras con la burocracia" y aceptar la cooptación en una secretaría de la UTA. Ahora pensamos que es perjudicial adaptarse a una línea de paralelismo sindical, o sea la coexistencia de UTA y un nuevo sindicato. El plebiscito otorga a sus impulsores la respuesta: unidad gremial ante la patronal, con exclusión de UTA. Para hacer valer esta situación hay que elegir el cuerpo de delegados.
Al momento de cerrar estas líneas han votado la línea D, la E y la B. La votación ha ido creciendo, al punto que en la B votaron 447 compañeros (439 por el SI) sobre un padrón de presentes de algo menos de 500. Semejante porcentaje del 90% no tiene antecedentes, incluso en las mejores elecciones de delegados. Es que en la B se sumaron como nunca la masa de los compañeros de boletería, auxiliares y de limpieza que siempre tuvieron una participación un escalón abajo que tráfico. En la E el porcentaje de votos positivos superó el 70% y en la D también, teniendo en cuenta que allí se produjo la agresión de la patota y hubo que retomar después de varias horas de paro. En la urna de la B votó más gente que en una urna de votación nacional, fue una romería todo el día, con pequeñas colas de compañeros que se agolpaban y de hecho establecían un control social de la elección; a todas las líneas concurrieron activistas y delegados de otras líneas para colaborar con la tarea.
El paro contra la acción de la patota nació por decisión de los trabajadores de la D y se extendió a la velocidad de un rayo, reflejando una enorme organización existente al margen del cuerpo de deletruchos legales de la UTA. Los llamados ex-delegados por casi todos los medios de prensa, especialmente por el grupo Clarín, exhibieron una representatividad y poder de lucha y movilización extraordinarios, a pesar de que carecen de licencias gremiales y actúan de hecho y no reconocidos por la patronal ni el Ministerio de Trabajo kirchnerista. Al lado de ellos actúan decenas y decenas de activistas que se han ido formando en una década de lucha desde las huelgas y movilizaciones por las seis horas y contra los despidos de activistas en adelante, pasando por las grandes luchas salariales y por la incorporación de las tercerizadas.
Es muy claro que la patoteada de Fernández en la A, para parar el plebiscito a golpes, tuvo el efecto de un boomerang. Pero el hecho merece varias reflexiones porque contó con una zona liberada por parte de la policía y la patronal. El país entero vio, delante de las Madres, de diputados y de todas las cámaras, cómo accionaron los patoteros, impunemente, evidenciando la connivencia del gobierno y la patronal con la patota. Emergió también la repugnancia visceral de todos los trabajadores a la presencia cotidiana de los matones que son ñoquis, en muchos casos sin tomar servicio, que actúan como un cuerpo extraño a la clase obrera.
El paro alcanzó también a la línea H, la nueva, la formada con personal de la bolsa de trabajo de la UTA, lo cual es expresivo de que han hecho una experiencia y que piensan con su propia cabeza. Muchos de ellos lo han verbalizado, "quiero seguir con las seis horas, con este salario y este régimen de trabajo, por eso apoyo a los viejos delegados".
Un hecho riquísimo fue el debate entre el gran activismo de la línea D, una de las que más moviliza históricamente cuando hay que salir a la calle. Ellos no solo pararon "de una" toda la línea, también fueron clave a la hora de decidir la continuidad del plebiscito y con ello cambiaron una derrota por la victoria. La pretensión de Fernández era interrumpir el plebiscito (dijo que "si quieren votar que lo hagan afuera"), es decir pretende sostener el control del lugar de trabajo y los obreros le impusieron a la patota ese control para este acto y, al llevarlo adelante hasta las últimas consecuencias, permitieron la expresión electoral de una masa inédita de compañeros.
En la B, la asamblea resolvió no levantar el paro si no había garantías por parte del gobierno, luego lo levantaron ante la decisión de la D, pero esas garantías aparecieron en los hechos porque fueron emplazados efectivos de policía e infantería por temor a que otra agresión provocara paros más fulminantes. Fue otra victoria dentro de la victoria, la huelga apretó al gobierno, delatando su compromiso con las patotas que actúan en la República Argentina, como Atilra en Rosario, como el Smata contra Dana y en tantos lugares.
El activismo se ha entusiasmado con el desarrollo de los acontecimientos y se ha resuelto un día específico de votación para la línea H, que en principio votaría junto a la A. La batalla en la línea C será más ardua por ciertas posiciones de la burocracia y porque el MST definió la postura por quedarse en la UTA (por ejemplo, impulsó la participación en las elecciones de los deletruchos). Pero están dadas las condiciones para una victoria "en toda la línea" y en todas las líneas. El taller de Polvorines, dominado históricamente por la UTA, votó en un porcentaje apreciable junto a la línea A; allí, como en la B y en Rancagua, fue importante el trabajo de Agrupación de Trabajadores de Metrovías que se movilizó masivamente para las votaciones y para el paro.
Conscientes de que ni el viejo cuerpo de delegados ni el viejo sindicato se abriría paso sin derrotar a la UTA, sostuvimos en todo momento la necesidad de una asamblea general fundacional que resolviera un plan de lucha, la elección de delegados por línea y por taller y el inmediato reclamo salarial, al mismo tiempo que la nueva comisión directiva del sindicato. Esta experiencia apoya esta línea de acción, especialmente a partir del paro general contra la patota. La asamblea sería un gran hecho político, de democracia obrera y de lucha.
El plebiscito carece de resoluciones expresas de los pasos a seguir de aquí en más, pero constituye un mandato: la elección de delegados y el aumento. Esto último ya empezó a votarse en algunos talleres y sectores: un reclamo del 30% de emergencia. Tengamos en cuenta que el aumento del año pasado fue aproximadamente la mitad de la inflación, firmado por UTA a espaldas de los trabajadores.
Para que este proceso no se caiga, hay que elegir de inmediato los delegados, atrás de la cual vendrná solos, en cascada, el reclamo salarial y todos los demás reclamos, de tal suerte que los delegados electos sean la Comisión Directiva provisoria del nuevo sindicato. Tengamos en cuenta que hoy la patronal no reconoce a los verdaderos delegados.
La vigencia de una asamblea general la daba y la da el hecho de que no hay quién decida todo este plan de acción, porque el viejo cuerpo de delegados casi no funciona, sólo se reúnen algunos compañeros, no teniendo en cuenta horarios y convocatorias para que todos participen, incluso se ha abandonado el viejo método del consenso sin establecer otro de mayorías pero con participación de todos. El estatuto y las autoridades del nuevo sindicato deberían surgir de la asamblea general, el método histórico de los sindicatos clasistas. Así funcionó Sitrac-Sitram y todas las grandes experiencias del movimiento obrero; así está establecido incluso en muchos estatutos, como el gráfico, sólo que no se cumplen. El nuevo sindicato del subte surge para cumplir con los métodos clasistas.
Mientras se produce la afiliación al nuevo sindicato hay que elegir delegados nuevos, que establezcan la genuina organización sindical de lucha de los compañeros, no se puede esperar que la "simple inscripción" le dé un carácter legal, porque entonces la llave de la continuidad la tendría el Ministerio de Trabajo kirchnerista y, en años, la justicia. Al Estado se le puede arrancar un reconocimiento como se le arrancaron otras cosas, con la lucha. Tenemos que estar conscientes de que la empresa extraordinaria de la formación de un sindicato clasista del subte, contra la UTA, no surgirá de una política tipo CTA, bajo el amparo de otra burocracia, la de Yasky, integrada por otras vías al Estado. Una inclinación a este tipo de sindicatos paralelos sólo alumbraría un nuevo aparato para el derrotismo. Los trabajadores han votado, con las boletas y con la huelga, por el SI ha un sindicato de lucha. Adelante compañeros.
Ahora el gas: La confiscación sigue
Han comenzado a llegar las boletas de gas con los aumentos aprobados por el gobierno a partir de septiembre de 2008, que superan el 200%. Afectan a toda familia que consuma más de 800 m3 anuales. Una familia tipo con dos hijos que usa una cocina, un calefón o termo-tanque y enciende sólo una estufa tiene un consumo aproximado de 1.000 m3. Según Deuco -una organización de consumidores-, el aumento afecta al 90% de la población.
El aumento incluye un cargo creado para solventar las importaciones de gas. Usando una vara distinta, el gobierno anunció, en paralelo, "la puesta en vigencia de un régimen de precios libres para la producción adicional de gas, obtenida al margen de los yacimientos y pozos actualmente en explotación". El plan, llamado Gas Plus, "mereció la inmediata adhesión de las productoras petroleras" (Página/12, 11/3/08).
En la boleta de gas que recibe el usuario de la provincia de Buenos Aires existe el impuesto al consumo de gas, un 9% de la facturación del servicio que debía ser volcado a la construcción de redes de gas en las localidades. Estos recursos, sin embargo, ni siquiera son usados con ese fin. Van al pago de la deuda fraudulenta de la Central Piedrabuena, mientras el 44,24% de los hogares de la provincia no cuenta con gas natural. Lo que permite que continúe el negocio de la garrafa, que se llega a vender hasta 35 pesos y constituye el producto que más ha acrecentado su costo desde 2001. "El gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kilogramos representa entre el 50 y 60% del gasto total de los servicios públicos elementales en hogares de bajos recursos"
El aumento incluye un cargo creado para solventar las importaciones de gas. Usando una vara distinta, el gobierno anunció, en paralelo, "la puesta en vigencia de un régimen de precios libres para la producción adicional de gas, obtenida al margen de los yacimientos y pozos actualmente en explotación". El plan, llamado Gas Plus, "mereció la inmediata adhesión de las productoras petroleras" (Página/12, 11/3/08).
En la boleta de gas que recibe el usuario de la provincia de Buenos Aires existe el impuesto al consumo de gas, un 9% de la facturación del servicio que debía ser volcado a la construcción de redes de gas en las localidades. Estos recursos, sin embargo, ni siquiera son usados con ese fin. Van al pago de la deuda fraudulenta de la Central Piedrabuena, mientras el 44,24% de los hogares de la provincia no cuenta con gas natural. Lo que permite que continúe el negocio de la garrafa, que se llega a vender hasta 35 pesos y constituye el producto que más ha acrecentado su costo desde 2001. "El gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kilogramos representa entre el 50 y 60% del gasto total de los servicios públicos elementales en hogares de bajos recursos"
viernes, 30 de enero de 2009
Rebelión contra el tarifazo: Extendamos las movilizaciones y asambleas
Néstor Pitrola llamó a "profundizar el proceso de asambleas y movilizaciones que ya empezó vigorosamente en Tigre, San Fernando, Lanús, Pilar y La Matanza por la derogación del tarifazo de la luz"
Pitrola indicó que "contrariamente a lo que dice el gobierno, gran parte de la clase trabajadora está siendo impactada por la boletas que llegan", "muchos compañeros tienen motor por falta de agua corriente, en otros casos conviven varias familias bajo el mismo medidor, ni hablar de pequeños comerciantes de las barriadas".
"Por otro lado -dijo Pitrola- la tarifa social abarca solo a 31.000 usuarios sobre el millón y medio de familias afectadas". "Esto es un tarifazo en regla en simultáneo con el transporte y el gas de red para financiar la deuda externa y salvar a los grupos privatizadores del default a costa nuestra". "Que la crisis la paguen los capitalistas, extendamos las asambleas populares a cada barrio del gran Bs As para confluir en una lucha común para acabar con el tarifazo" remató Pitrola.
Pitrola indicó que "contrariamente a lo que dice el gobierno, gran parte de la clase trabajadora está siendo impactada por la boletas que llegan", "muchos compañeros tienen motor por falta de agua corriente, en otros casos conviven varias familias bajo el mismo medidor, ni hablar de pequeños comerciantes de las barriadas".
"Por otro lado -dijo Pitrola- la tarifa social abarca solo a 31.000 usuarios sobre el millón y medio de familias afectadas". "Esto es un tarifazo en regla en simultáneo con el transporte y el gas de red para financiar la deuda externa y salvar a los grupos privatizadores del default a costa nuestra". "Que la crisis la paguen los capitalistas, extendamos las asambleas populares a cada barrio del gran Bs As para confluir en una lucha común para acabar con el tarifazo" remató Pitrola.
Comunicado de la Comisión de Mujeres de Indugraf
Las mujeres de trabajadores de Indugraf, hemos constituido una Comisión de Mujeres por la defensa de los puestos de trabajo.
- porque debemos aunar esfuerzos entre los trabajadores, las familias, los compañeros y amigos que apoyan esta lucha, para frenar las maniobras de la fiscalía que actúa como cómplice del empresario Martínez que cerró la empresa a fines de noviembre adeudando tres meses de sueldo a 88 trabajadores y con enormes deudas a proveedores y al estado.
- porque no hay mejor defensa de la integridad de nuestras familias que la lucha codo a codo con los nuestros para garantizar los salarios y las condiciones de trabajo.
- porque en momentos tan difíciles queremos animar a miles de familias obreras que en todo el país están pasando por nuestra misma situación, a unirse y luchar de forma común contra las patronales, que luego de haber llenado sus bolsillos, pretenden hacernos pagar las consecuencias de una crisis que las familias trabajadoras no hemos provocado.
- porque Indugraf es una fábrica de libros para nuestros chicos y debe seguir abierta y produciendo.
Por todo esto es que desde la Comisión de Mujeres de Indugraf estamos en marcha haciendo el aguante en la puerta de la fábrica, buscando aportes para el fondo de lucha, nucleando a vecinos y vecinas del barrio y abriendo relaciones con futuros nuevos clientes que impriman sus publicaciones, apuntes, libros, folletos y afiches en la Indugraf puesta a funcionar por sus trabajadoras y trabajadores.
No al Cierre!! No al Desalojo!!
Con la lucha común vamos a lograr recuperar nuestro trabajo!!
Viva los trabajadores y las trabajadoras de Indugraf en lucha!!!
Viernes 30/1 a partir de las 20 hs. Festival de Teatro y Música en la puerta del Taller.
Sábado 31 de enero 17 Hs. Sánchez de Loria 2251 Puerta de Indugraf
Todos al plenario de trabajadores, delegados, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas, gremiales, vecinos y vecinas del barrio de Parque Patricios, cooperativas y todos los sectores que estén en lucha.
- porque debemos aunar esfuerzos entre los trabajadores, las familias, los compañeros y amigos que apoyan esta lucha, para frenar las maniobras de la fiscalía que actúa como cómplice del empresario Martínez que cerró la empresa a fines de noviembre adeudando tres meses de sueldo a 88 trabajadores y con enormes deudas a proveedores y al estado.
- porque no hay mejor defensa de la integridad de nuestras familias que la lucha codo a codo con los nuestros para garantizar los salarios y las condiciones de trabajo.
- porque en momentos tan difíciles queremos animar a miles de familias obreras que en todo el país están pasando por nuestra misma situación, a unirse y luchar de forma común contra las patronales, que luego de haber llenado sus bolsillos, pretenden hacernos pagar las consecuencias de una crisis que las familias trabajadoras no hemos provocado.
- porque Indugraf es una fábrica de libros para nuestros chicos y debe seguir abierta y produciendo.
Por todo esto es que desde la Comisión de Mujeres de Indugraf estamos en marcha haciendo el aguante en la puerta de la fábrica, buscando aportes para el fondo de lucha, nucleando a vecinos y vecinas del barrio y abriendo relaciones con futuros nuevos clientes que impriman sus publicaciones, apuntes, libros, folletos y afiches en la Indugraf puesta a funcionar por sus trabajadoras y trabajadores.
No al Cierre!! No al Desalojo!!
Con la lucha común vamos a lograr recuperar nuestro trabajo!!
Viva los trabajadores y las trabajadoras de Indugraf en lucha!!!
Viernes 30/1 a partir de las 20 hs. Festival de Teatro y Música en la puerta del Taller.
Sábado 31 de enero 17 Hs. Sánchez de Loria 2251 Puerta de Indugraf
Todos al plenario de trabajadores, delegados, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas, gremiales, vecinos y vecinas del barrio de Parque Patricios, cooperativas y todos los sectores que estén en lucha.
PARANA METAL: Ganó la extorsión del gobierno
En Paraná Metal ganó el ‘sí' a la propuesta de 10 puntos presentada por el Ministerio de Trabajo. Por exigencia del gobierno nacional, sólo fueron empadronados los 792 compañeros efectivos (sobre un total de 1.200 trabajadores de la planta). A los 390 trabajadores contratados y de las cooperativas no se les permitió votar. Votaron 735 trabajadores: 657 por el ‘sí'; 76 por el ‘no'. Hubo 1 voto en blanco y otro anulado.
Desde Prensa Obrera habíamos alertado que la propuesta era una extorsión, pues implicaba elegir entre el cierre de la fábrica y el despido, de un lado, y la aceptación de una reducción del salario (30%) y suspensiones, del otro. Las patronales industriales ya han salido a reclamar que el "modelo Paraná Metal" sea extendido a todas las empresas.
¿Cuál es ese "modelo Paraná Metal"? Rebajas y congelamientos salariales hasta el 2010; desconocimiento de convenios; suspensiones rotativas al 60% del sueldo; todos los contratados quedan afuera.
Ya en una línea de máxima, Funes de Rioja, el representante jurídico de las grandes patronales de la Argentina, adelanto que para ellos "hablar de aumentos es un disparate" (El Cronista, 26/1) reclamando la suspensión de las paritarias por rama y acuerdos "por empresa" frente a la crisis.
Contratados y tercerizadas
Como los contratados van a ser despedidos, se les impidió votar porque nadie vota a favor de su despido. No se los incluyó en los llamados ‘10 puntos', objeto de referendo.
La dirigencia de la UOM de Villa Constitución ha hecho de gestora del Ministerio de Trabajo ante los obreros. Aceptó el cercenamiento del voto de los que están luchando codo a codo, en la carpa, en las movilizaciones y en las rutas. Prefiere los despidos a una lucha por el reparto de las horas de trabajo y un programa de inversiones bajo control obrero. El Estado se ha comprometido a pagar entre el 15 y el 20% de los salarios, según las categorías, cuando podría haber nacionalizado y destinado esa plata a reequipar la fábrica. A 420 mil pesos de salarios por mes (600 pesos por 700 obreros), en un año gastará 5 millones de pesos, que corresponde pagar a la patronal.
Hace unos días, las cooperativas y los contratados realizaron una asamblea en la que resolvieron que hasta que no les paguen todo lo adeudado (le deben el año completo), no van a entrar a la fábrica aunque arreglen los efectivos. En teoría, 48 horas antes de ingresar a la planta, a los efectivos le estarían pagando lo adeudado, pero para las cooperativas y contratados no hay fecha alguna.
La votación
Los trabajadores de Paraná Metal fueron extorsionados. Eligieron "seguir peleando desde 'adentro' (como dijo un compañero a la prensa), con la conciencia de que no serán respetados ni los 10 puntos puestos a votación. La dirección de su gremio, siguiendo órdenes del gobierno, no les permitió deliberar entre diversas alternativas.
La dirección de la UOM aceptó, con el nombre de "recategorización", una descategorización, donde las categorías especializadas ya conquistadas por Paraná Metal serían anuladas (1.7, 1.8, 1.9, 1.10). En su lugar quedarían sólo las categorías comunes del CCT 260 y del Laudo 29.
Se ha votado una rebaja salarial que no está determinada en ningún acta ni la duración ni la cantidad de las suspensiones rotativas.
Rebajando salarios, desconociendo convenios y despidiendo contratados, el gobierno pretende mostrar a las patronales, que es mejor opción, frente a los conflictos sociales, que la oposición patronal de los Carrió y los Solá.
Pero la pelea por los puestos de trabajo en Paraná Metal, en Acindar y en Siderar y en toda la clase obrera recién comienza.
Desde Prensa Obrera habíamos alertado que la propuesta era una extorsión, pues implicaba elegir entre el cierre de la fábrica y el despido, de un lado, y la aceptación de una reducción del salario (30%) y suspensiones, del otro. Las patronales industriales ya han salido a reclamar que el "modelo Paraná Metal" sea extendido a todas las empresas.
¿Cuál es ese "modelo Paraná Metal"? Rebajas y congelamientos salariales hasta el 2010; desconocimiento de convenios; suspensiones rotativas al 60% del sueldo; todos los contratados quedan afuera.
Ya en una línea de máxima, Funes de Rioja, el representante jurídico de las grandes patronales de la Argentina, adelanto que para ellos "hablar de aumentos es un disparate" (El Cronista, 26/1) reclamando la suspensión de las paritarias por rama y acuerdos "por empresa" frente a la crisis.
Contratados y tercerizadas
Como los contratados van a ser despedidos, se les impidió votar porque nadie vota a favor de su despido. No se los incluyó en los llamados ‘10 puntos', objeto de referendo.
La dirigencia de la UOM de Villa Constitución ha hecho de gestora del Ministerio de Trabajo ante los obreros. Aceptó el cercenamiento del voto de los que están luchando codo a codo, en la carpa, en las movilizaciones y en las rutas. Prefiere los despidos a una lucha por el reparto de las horas de trabajo y un programa de inversiones bajo control obrero. El Estado se ha comprometido a pagar entre el 15 y el 20% de los salarios, según las categorías, cuando podría haber nacionalizado y destinado esa plata a reequipar la fábrica. A 420 mil pesos de salarios por mes (600 pesos por 700 obreros), en un año gastará 5 millones de pesos, que corresponde pagar a la patronal.
Hace unos días, las cooperativas y los contratados realizaron una asamblea en la que resolvieron que hasta que no les paguen todo lo adeudado (le deben el año completo), no van a entrar a la fábrica aunque arreglen los efectivos. En teoría, 48 horas antes de ingresar a la planta, a los efectivos le estarían pagando lo adeudado, pero para las cooperativas y contratados no hay fecha alguna.
La votación
Los trabajadores de Paraná Metal fueron extorsionados. Eligieron "seguir peleando desde 'adentro' (como dijo un compañero a la prensa), con la conciencia de que no serán respetados ni los 10 puntos puestos a votación. La dirección de su gremio, siguiendo órdenes del gobierno, no les permitió deliberar entre diversas alternativas.
La dirección de la UOM aceptó, con el nombre de "recategorización", una descategorización, donde las categorías especializadas ya conquistadas por Paraná Metal serían anuladas (1.7, 1.8, 1.9, 1.10). En su lugar quedarían sólo las categorías comunes del CCT 260 y del Laudo 29.
Se ha votado una rebaja salarial que no está determinada en ningún acta ni la duración ni la cantidad de las suspensiones rotativas.
Rebajando salarios, desconociendo convenios y despidiendo contratados, el gobierno pretende mostrar a las patronales, que es mejor opción, frente a los conflictos sociales, que la oposición patronal de los Carrió y los Solá.
Pero la pelea por los puestos de trabajo en Paraná Metal, en Acindar y en Siderar y en toda la clase obrera recién comienza.
Gaza: La preparación “legal” de la masacre
"La idea de bombardear la ceremonia de graduación de la promoción de la policía de Gaza fue criticada internamente meses antes del ataque", informa el diario israelí Haaretz (22/1). Según "fuentes militares involucradas en la preparación del ataque" citadas por ese diario, los oficiales de la inteligencia militar presionaban para que la operación se llevara a cabo, pero la "división de ley internacional" y el abogado militar general estaban en serias dudas acerca de la "legalidad" de tal acción. Después de varios meses de presiones, los abogados del Ejército israelí dieron el "visto bueno". En el ataque aéreo contra la escuela de policía, que se produjo en las primeras horas de la operación contra Gaza, murieron decenas de civiles palestinos.
La información, que cita extensamente "fuentes militares", pone en evidencia la prolongada y cuidadosa preparación de la operación (lo que vuelve a desmentir que se tratara de una ‘respuesta' al lanzamiento de cohetes artesanales desde Gaza). Pero, por sobre todo, echa luz sobre el carácter de la operación: desde el mismo principio, los planificadores militares eran plenamente concientes de que preparaban una masacre.
Así, la "división legal" legitimó el bombardeo de edificios gubernamentales no militares y la "relajación de las reglas de operaciones, que tuvieron como resultado numerosas víctimas palestinas" (ídem). Esto incluye, por ejemplo, la autorización para el bombardeo de escuelas y depósitos de alimentos (incluso de la ONU) con la excusa de que Hamas escondía allí armas y combatientes.
Los abogados del Ejército israelí legitimaron el bombardeo de áreas ocupadas por civiles: "En la medida de lo posible y bajo las circunstancias dadas, la población civil en un área que es un blanco debe ser advertida -explica el ‘anexo legal' de las órdenes de ataque- a menos que eso ponga en peligro la operación o las fuerzas" (ídem). En resumen: el bombardeo de casas habitadas por civiles, con advertencia previa o sin ella, fue legitimado por los abogados del Ejército israelí.
En un anexo de las órdenes operativas, dice Haaretz, los abogados del Ejército autorizaron el uso de municiones incendiarias aunque aconsejaron a los comandantes ser "cautelosos". El resultado fue una enorme cantidad de víctimas con quemaduras de extrema gravedad, "quemaduras que los doctores egipcios e iraquíes indentifican con el fósforo blanco" (Financial Times, 23/1).
A la larga preparación militar y de inteligencia de la operación, el Ejército sionista le agregó una larga preparación "legal", para encontrar los argumentos ‘jurídicos' que legitimaran el asesinato masivo de civiles y la utilización de armas prohibidas por las convenciones internacionales.
Es la misma "división legal" que ahora se encuentra trabajando a tiempo completo, con un equipo especial de juristas y diplomáticos, para impedir que los gobernantes de Israel, sus generales y sus comandantes de campo sean juzgados por los crímenes de guerra que cometieron.
La información, que cita extensamente "fuentes militares", pone en evidencia la prolongada y cuidadosa preparación de la operación (lo que vuelve a desmentir que se tratara de una ‘respuesta' al lanzamiento de cohetes artesanales desde Gaza). Pero, por sobre todo, echa luz sobre el carácter de la operación: desde el mismo principio, los planificadores militares eran plenamente concientes de que preparaban una masacre.
Así, la "división legal" legitimó el bombardeo de edificios gubernamentales no militares y la "relajación de las reglas de operaciones, que tuvieron como resultado numerosas víctimas palestinas" (ídem). Esto incluye, por ejemplo, la autorización para el bombardeo de escuelas y depósitos de alimentos (incluso de la ONU) con la excusa de que Hamas escondía allí armas y combatientes.
Los abogados del Ejército israelí legitimaron el bombardeo de áreas ocupadas por civiles: "En la medida de lo posible y bajo las circunstancias dadas, la población civil en un área que es un blanco debe ser advertida -explica el ‘anexo legal' de las órdenes de ataque- a menos que eso ponga en peligro la operación o las fuerzas" (ídem). En resumen: el bombardeo de casas habitadas por civiles, con advertencia previa o sin ella, fue legitimado por los abogados del Ejército israelí.
En un anexo de las órdenes operativas, dice Haaretz, los abogados del Ejército autorizaron el uso de municiones incendiarias aunque aconsejaron a los comandantes ser "cautelosos". El resultado fue una enorme cantidad de víctimas con quemaduras de extrema gravedad, "quemaduras que los doctores egipcios e iraquíes indentifican con el fósforo blanco" (Financial Times, 23/1).
A la larga preparación militar y de inteligencia de la operación, el Ejército sionista le agregó una larga preparación "legal", para encontrar los argumentos ‘jurídicos' que legitimaran el asesinato masivo de civiles y la utilización de armas prohibidas por las convenciones internacionales.
Es la misma "división legal" que ahora se encuentra trabajando a tiempo completo, con un equipo especial de juristas y diplomáticos, para impedir que los gobernantes de Israel, sus generales y sus comandantes de campo sean juzgados por los crímenes de guerra que cometieron.
Proyecto Sur reclama “paz en Gaza”
El 21 de enero, el partido comunista, Proyecto Sur (Lozano, Solanas), el Partido Humanista y el Partido Solidario (Carlos Heller) eligieron la esquina de las calles Palestina y Estado de Israel para un acto por la "paz en Gaza" - una forma de dar a entender que, primero, hay una guerra, y, segundo, que hay dos responsables. Por eso los susodichos no vinieron a las manifestaciones populares que se hicieron frente a la Embajada de Israel. Hace dos años y medio, el rabino Bergman hacía lo mismo, un acto ‘por la paz' en el Líbano. Mientras los aviones sionistas bombardeaban el país de los cedros (excluyendo solamente a los barrios ricos de Beirut), el rabino juntaba firmas y soltaba palomas de blanco inmaculado. Hizbollah debía dejar de resistir y los F 16 probablemente dejarían de volcar su carga mortuoria.
La consigna de la paz tiene como sesgo reaccionario colocar en el mismo plano al opresor y al oprimido. Es un llamado a que hagan, precisamente, ‘las paces'; que ‘se entiendan', que ‘transen'. Que retornen, después de la masacre y de los crímenes de guerra, al ‘status quo ante', cuando Gaza era una prisión a cielo abierto, el sionismo destruía sus cultivos y prohibía las importaciones y exportaciones, armaba a los grupos de tareas de Al Fatah con la intención de promover un golpe de Estado en la Franja, mantenía la vigilancia desde el cielo con radares y aviones, y con Egipto en la frontera de Rafah. Es la paz del ‘punto final' y del ‘indulto'. Durante 22 penosos días tampoco hubo una guerra, como dicen los ‘pacifistas', sino una masacre, porque el arsenal de uno y otro eran hartos diferentes. ¡Qué rápido olvidaron que la dictadura también pretendió que había librado una guerra, para escamotear la acusación de terrorismo de Estado! Ni siquiera la esquina elegida empareja la cosas, porque una es una calle y la otra una avenida.
No es la ‘paz' lo que hay que reclamar sino la satisfacción de las reivindicaciones de los oprimidos: retiro de las tropas, apertura de las fronteras (de Israel y de Egipto) y reconocimiento de la soberanía marítima, destrucción del muro del Apartheid, destrucción de todas las colonias sionistas construidas sobre los territorios ocupados, libertad de los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes, derecho de los palestinos a retornar a sus hogares y a recuperar las tierras de las que fueron expropiados en estos sesenta años, castigo por los crímenes de guerra e indemnización a las víctimas. No es un programa bolchevique, debería poder suscribirlo cualquier demócrata. La ‘paz', en cambio, es la manutención del estado de opresión y, por lo tanto, la causal de nuevas masacres.
La consigna de la paz tiene como sesgo reaccionario colocar en el mismo plano al opresor y al oprimido. Es un llamado a que hagan, precisamente, ‘las paces'; que ‘se entiendan', que ‘transen'. Que retornen, después de la masacre y de los crímenes de guerra, al ‘status quo ante', cuando Gaza era una prisión a cielo abierto, el sionismo destruía sus cultivos y prohibía las importaciones y exportaciones, armaba a los grupos de tareas de Al Fatah con la intención de promover un golpe de Estado en la Franja, mantenía la vigilancia desde el cielo con radares y aviones, y con Egipto en la frontera de Rafah. Es la paz del ‘punto final' y del ‘indulto'. Durante 22 penosos días tampoco hubo una guerra, como dicen los ‘pacifistas', sino una masacre, porque el arsenal de uno y otro eran hartos diferentes. ¡Qué rápido olvidaron que la dictadura también pretendió que había librado una guerra, para escamotear la acusación de terrorismo de Estado! Ni siquiera la esquina elegida empareja la cosas, porque una es una calle y la otra una avenida.
No es la ‘paz' lo que hay que reclamar sino la satisfacción de las reivindicaciones de los oprimidos: retiro de las tropas, apertura de las fronteras (de Israel y de Egipto) y reconocimiento de la soberanía marítima, destrucción del muro del Apartheid, destrucción de todas las colonias sionistas construidas sobre los territorios ocupados, libertad de los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes, derecho de los palestinos a retornar a sus hogares y a recuperar las tierras de las que fueron expropiados en estos sesenta años, castigo por los crímenes de guerra e indemnización a las víctimas. No es un programa bolchevique, debería poder suscribirlo cualquier demócrata. La ‘paz', en cambio, es la manutención del estado de opresión y, por lo tanto, la causal de nuevas masacres.
sábado, 24 de enero de 2009
Kirchner financia desarrollo industrial-militar de Israel
Después de 22 días de bombardeos sistemáticos sobre la población de Gaza, tanto el Secretario de las Naciones Unidas como los líderes de Europa y los principales países árabes dicen estar dolidos y consternados ante lo "desgarrador" de la masacre. En sus declaraciones a la prensa, reclaman la formación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra y el genocidio. Pero son ellos mismos quienes lo dejan pendiente y sin fecha después de haber sido incapaces de evitar la agresión.
Conviene recordar que frente al generalizado repudio nacional y la movilización internacional de los primeros días, el gobierno nacional ensayó ser "equidistante" de agresores y agredidos. Encajaba en el discurso y complicidad internacionales del Consejo de Seguridad de la ONU y de los principales mediadores. Salió en defensa del "derecho" internacional y no en defensa de las víctimas, en momentos en que Israel violaba el derecho humanitario y todos los acuerdos internacionales previos en materia de guerras, siendo denunciada por el ensayo de nuevas tecnologías en base a tungsteno y el uso de bombas prohibidas por todas las convenciones: uranio empobrecido, fósforo blanco, de fragmentación.
Pero es poco conocido que, en los primeros días de guerra, la acción del gobierno de Cristina Kirchner pasó de las palabras al compromiso material con el Estado de Israel.
El gobierno promulgó la Ley 26.437 (13/01/09) para "desarrollar y fortalecer la cooperación económica, industrial, tecnológica y comercial entre Argentina e Israel" con el objetivo explícito de dar apoyo financiero a los proyectos de "cooperación en la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico en el sector privado", definiendo así a "las actividades que tiendan a desarrollar productos nuevos, procesos o servicios para comercializarse en el mercado global".
Todo ello a condición de mantener -según reza el texto - el secreto y la confidencialidad incluso sobre los resultados obtenidos en los Programas financiados.
Bajo estas condiciones de `secreto de Estado' ajenas a la actividad científica y no habiendo una tradición de colaboración científica entre ambos países, será un hecho que la Ley termine financiando proyectos basados en las industrias de la guerra y la "seguridad", en áreas donde Israel es una reconocida potencia tecnológica mundial.
La ley cumple con recientes promesas del gobierno de Cristina y declaraciones de su Ministro de Ciencia y Tecnología de considerar las políticas de Israel en general como "ejemplo que tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de estado" (declaración a la Agencia Judía de Noticias, 25/11/08). Sus funcionarios elogiaron "el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad, sobre todo para nosotros que buscamos articular ambos sectores para mejorar y cambiar el modelo productivo de nuestro país."
Asociado al complejo militar y de seguridad de Israel, el gobierno nacional pretende superar así la crítica por la "ausencia de proyectos estratégicos" o por ser ajenos a la actividad científica y de equipos (Clarín 18-09-08).
El Poder Ejecutivo y el Legislativo, que reducen el presupuesto para la educación pública y para los proyectos de investigación científica en nuestro país, se pasaron de una hipócrita y diplomática "tercera posición" frente a la guerra, a otra de financiar proyectos privados para asociarse a las iniciativas del complejo industrial militar y/o de servicios del Estado de Israel, sin poner límites para aquellos proyectos que son materia de seguridad y/o agresión en curso. Las únicas condiciones son las de "proteger la confidencialidad" -con garantías equivalentes de Secreto de Estado- y que los proyectos sean "para comercializarse en el mercado global".
El acuerdo de cooperación "científica" nació en el marco del historial de mutuo encubrimiento que durante años sostuvieron la relación entre los Estados de Israel y Argentina. Cuando Kirchner puso el caso AMIA al servicio de la guerra en Medio Oriente acusando a Irán, Livni firmó el acuerdo felicitando a la justicia y al gobierno argentino por sus "avances" en la supuesta investigación del atentado (Clarín 17/11/06).
El Estado nacional es un socio estratégico en la política criminal de Israel y ahora financia la complicidad de su socio internacional.
El gobierno nacional que reconoció que el Estado es el principal encubridor de los terroristas que realizaron el atentado a la AMIA, pretende financiar y no ser sólo un socio político de criminales como Livni, Olmert y Barak. Fueron socios para encubrir a los asesinos de la AMIA y ahora lo son en el genocidio palestino... después de sostener que los atentados en nuestro país fueron producto del involucramiento de la Argentina en el conflicto de Medio Oriente.
La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) suma su reclamo al de tantos miles en todo el país:
* Por el cese de la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino;
* Por el retiro definitivo de las tropas israelíes de Gaza y la apertura de sus fronteras;
* Por el juicio y castigo internacionales a los responsables de los crímenes de guerra;
* Por la derogación de la Ley 26.437 y la ruptura de vínculos diplomáticos, económicos y financieros con los agresores.
"GENOCIDIO, NO"
A. P. E. M. I. A.
AGRUPACIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA
Conviene recordar que frente al generalizado repudio nacional y la movilización internacional de los primeros días, el gobierno nacional ensayó ser "equidistante" de agresores y agredidos. Encajaba en el discurso y complicidad internacionales del Consejo de Seguridad de la ONU y de los principales mediadores. Salió en defensa del "derecho" internacional y no en defensa de las víctimas, en momentos en que Israel violaba el derecho humanitario y todos los acuerdos internacionales previos en materia de guerras, siendo denunciada por el ensayo de nuevas tecnologías en base a tungsteno y el uso de bombas prohibidas por todas las convenciones: uranio empobrecido, fósforo blanco, de fragmentación.
Pero es poco conocido que, en los primeros días de guerra, la acción del gobierno de Cristina Kirchner pasó de las palabras al compromiso material con el Estado de Israel.
El gobierno promulgó la Ley 26.437 (13/01/09) para "desarrollar y fortalecer la cooperación económica, industrial, tecnológica y comercial entre Argentina e Israel" con el objetivo explícito de dar apoyo financiero a los proyectos de "cooperación en la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico en el sector privado", definiendo así a "las actividades que tiendan a desarrollar productos nuevos, procesos o servicios para comercializarse en el mercado global".
Todo ello a condición de mantener -según reza el texto - el secreto y la confidencialidad incluso sobre los resultados obtenidos en los Programas financiados.
Bajo estas condiciones de `secreto de Estado' ajenas a la actividad científica y no habiendo una tradición de colaboración científica entre ambos países, será un hecho que la Ley termine financiando proyectos basados en las industrias de la guerra y la "seguridad", en áreas donde Israel es una reconocida potencia tecnológica mundial.
La ley cumple con recientes promesas del gobierno de Cristina y declaraciones de su Ministro de Ciencia y Tecnología de considerar las políticas de Israel en general como "ejemplo que tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de estado" (declaración a la Agencia Judía de Noticias, 25/11/08). Sus funcionarios elogiaron "el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad, sobre todo para nosotros que buscamos articular ambos sectores para mejorar y cambiar el modelo productivo de nuestro país."
Asociado al complejo militar y de seguridad de Israel, el gobierno nacional pretende superar así la crítica por la "ausencia de proyectos estratégicos" o por ser ajenos a la actividad científica y de equipos (Clarín 18-09-08).
El Poder Ejecutivo y el Legislativo, que reducen el presupuesto para la educación pública y para los proyectos de investigación científica en nuestro país, se pasaron de una hipócrita y diplomática "tercera posición" frente a la guerra, a otra de financiar proyectos privados para asociarse a las iniciativas del complejo industrial militar y/o de servicios del Estado de Israel, sin poner límites para aquellos proyectos que son materia de seguridad y/o agresión en curso. Las únicas condiciones son las de "proteger la confidencialidad" -con garantías equivalentes de Secreto de Estado- y que los proyectos sean "para comercializarse en el mercado global".
El acuerdo de cooperación "científica" nació en el marco del historial de mutuo encubrimiento que durante años sostuvieron la relación entre los Estados de Israel y Argentina. Cuando Kirchner puso el caso AMIA al servicio de la guerra en Medio Oriente acusando a Irán, Livni firmó el acuerdo felicitando a la justicia y al gobierno argentino por sus "avances" en la supuesta investigación del atentado (Clarín 17/11/06).
El Estado nacional es un socio estratégico en la política criminal de Israel y ahora financia la complicidad de su socio internacional.
El gobierno nacional que reconoció que el Estado es el principal encubridor de los terroristas que realizaron el atentado a la AMIA, pretende financiar y no ser sólo un socio político de criminales como Livni, Olmert y Barak. Fueron socios para encubrir a los asesinos de la AMIA y ahora lo son en el genocidio palestino... después de sostener que los atentados en nuestro país fueron producto del involucramiento de la Argentina en el conflicto de Medio Oriente.
La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) suma su reclamo al de tantos miles en todo el país:
* Por el cese de la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino;
* Por el retiro definitivo de las tropas israelíes de Gaza y la apertura de sus fronteras;
* Por el juicio y castigo internacionales a los responsables de los crímenes de guerra;
* Por la derogación de la Ley 26.437 y la ruptura de vínculos diplomáticos, económicos y financieros con los agresores.
"GENOCIDIO, NO"
A. P. E. M. I. A.
AGRUPACIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA
Se cumplió el plazo dado por Obama
Todo el mundo sabía que la masacre contra Gaza debía concluir a tiempo, con indiferencia por los resultados, para no estropear la fiesta de la asunción de Obama. Fue, desde el inicio, una guerra a plazo fijo, con una tasa de interés incierta. Fue una guerra miserable, sin moral y sin principios: el bombardeo de un pueblo sin medios de defensa y la destrucción de miles de personas - los muertos y los sobrevivientes, dentro de los tiempos de una habilitación imperial. Ha sido la guerra más vergonzosa de la que se tenga memoria: con plazos pre-determinados desde afuera; con la prohibición de interferir en el gran espectáculo; instigada por un ejército que necesitaba vengar la humillación sufrida hace dos años en el Líbano; organizada por políticos corruptos, apurados por obtener los votos que no tienen. Esta simple enumeración describe el estado de decrepitud del Estado sionista - que solamente podrá seguir funcionando con más guerras. Las festividades del 20 de enero en Washington son nada más que un interludio. El mote de sionista es el adecuado, porque el Estado de Israel es expulsivo y constitucionalmente discriminatorio - ni laico, ni democrático.
La masacre es la partida de nacimiento del gobierno de Obama, que durante tres semanas se escudó en el ritual de la transición para justificar su complicidad con la masacre. El ritual no impidió, sin embargo, que sus hombres se pusieran a ‘trabajar' en Gaza desde el inicio. El periodista israelí Amir Oren informó la semana pasada que aunque "la voz que se oye es la de (Condoleezza) Rice (...) las manos que se mueven son las de Jim Jones. La estrategia ya está coordinada con la nueva administración" (Corriere della Sera, 10/1). Jones es el nuevo consejero de Seguridad Nacional de Obama.
¿Qué logró el Estado sionista en estos veintidós días?
Según el primer ministro Olmert, Israel "alcanzó todos sus objetivos"; menos enfático, el ministro de guerra, Ehud Barak, solamente reconoció "algunos".
En realidad, el "cese del fuego" deja al descubierto que Israel no alcanzó ningún objetivo, simplemente porque el Estado sionista no tiene objetivos sino sólo pesadillas. Incluso los críticos internos de esta masacre advirtieron que, cualesquiera fuesen, los objetivos eran "inalcanzables".
Se decía que el objetivo era obtener "una tregua duradera", una contradicción flagrante. Las treguas no son para que duren sino para quebrarlas. ¿Cuánto puede durar cualquier tregua basada en el sometimiento? Lo que no pudieron lograr los racistas blancos en Sudáfrica, no lo obtendrán los sionistas en Palestina. No pudieron alcanzarlo siquiera los colonizadores hispano-portugueses, pues la lucha por recuperar las tierras y las riquezas usurpadas no cesa desde hace siglos -y ahora está reforzada por los contingentes del proletariado moderno y los campesinos oriundos de todas las latitudes.
El Ejército sionista no pudo acabar con Hamas, una organización minúscula en número, que sobrevivió peleando durante 22 días. El fundamentalismo islámico se ganó en el combate el título de resistencia nacional. Toda resistencia nacional está obligada a movilizar políticamente a las masas y por eso crea la posibilidad de que ellas superen sus limitaciones políticas -en este caso el fundamentalismo teocrático. Lo más cercano a la ideología y a la práctica asistencial o clientelar de Hamas, es el fundamentalismo religioso sionista.
Israel acabó con la infraestructura civil en Gaza, pero de ningún modo con la "infraestructura terrorista" de Hamas; nadie puede evitar que los oprimidos acaben dándose los medios materiales de la lucha por su emancipación. Si la guerra sirvió, en este sentido, fue para moldear y entrenar a nuevos combatientes.
Se decía que Israel pretendía debilitar a Hamas y reforzar a los palestinos moderados. Pero la guerra liquidó políticamente a Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina con mandato vencido. El repudio popular palestino a su gobierno es inmenso; prohibió y reprimió las manifestaciones en defensa de la población de Gaza. La liquidación política de Abbas y de la Autoridad Palestina significa la liquidación del llamado "proceso de Oslo" y de sus sucedáneos (la "hoja de ruta", Anápolis) y de la pretendida "solución de dos estados", que en realidad convierte a los territorios ocupados en "bantustanes" segregados. Israel liquidó esta perspectiva porque no está dispuesta a hacer ninguna concesión. Desde la firma de los tratados de Oslo, el número de colonos israelíes en Cisjordania se ha más que duplicado (de 116.000 a 275.000); otros 180.000 israelíes viven en la parte árabe (oriental) de Jerusalén. El Muro del Apartheid ha confiscado el 10% de las tierras palestinas en Cisjordania. En este cuadro, la impasse política en el Medio Oriente es completa.
La guerra ha puesto en completa crisis a los regímenes reaccionarios árabes e islámicos en el Medio Oriente aliados de Israel. Esos regímenes -Egipto, Jordania, incluso Turquía- colaboraron activamente con la masacre; por eso, en cada uno de estos países hubo grandes movilizaciones populares contra sus propios gobiernos. En los últimos días del ataque, estos regímenes se vieron obligados a chocar con Israel. Turquía pidió su expulsión de las Naciones Unidas por cometer crímenes de guerra; el canciller egipcio denunció que "Israel está ebrio de violencia". La declaración unilateral de tregua por parte de Israel agravó la crisis de estos regímenes reaccionarios, porque los privó de aparecer ante sus propios pueblos como los artífices del rescate del pueblo de Gaza de las bombas. El golpe de gracia a estos regímenes reaccionarios lo dará la crisis mundial, que degradará las misérrimas condiciones de vida de los explotados de esos países. La caída de estos regímenes reaccionarios significará la apertura de una perspectiva liberadora en el Medio Oriente y, consecuentemente, agravará la impasse histórica del Estado sionista.
Esta impasse histórica es percibida claramente dentro del propio Israel y se pondrá de manifiesto como consecuencia de las elecciones del 10 de febrero, que pueden ser ganadas por el derechista Benjamin Netanyahu.
Esta perspectiva de nuevas guerras y masacres destaca la validez histórica y la plena actualidad de la vieja consigna socialista -una República única y democrática de Palestina - que reúna a los trabajadores árabes y judíos. Los trabajadores judíos no tienen ninguna perspectiva fuera de una colaboración socialista con los trabajadores palestinos, y menos todavía apoyando la opresión que ejerce el Estado sionista.
Israel ha vuelto a masacrar a cientos de niños, mujeres y ancianos y a destruir la vida y la infraestructura civil de Gaza, sólo para descubrir que su impasse es más profunda que nunca; que los regímenes reaccionarios de la región, sus aliados, están en un tembladeral político y social ilevantable; y que la aspiración nacional palestina sigue en pie.
La masacre es la partida de nacimiento del gobierno de Obama, que durante tres semanas se escudó en el ritual de la transición para justificar su complicidad con la masacre. El ritual no impidió, sin embargo, que sus hombres se pusieran a ‘trabajar' en Gaza desde el inicio. El periodista israelí Amir Oren informó la semana pasada que aunque "la voz que se oye es la de (Condoleezza) Rice (...) las manos que se mueven son las de Jim Jones. La estrategia ya está coordinada con la nueva administración" (Corriere della Sera, 10/1). Jones es el nuevo consejero de Seguridad Nacional de Obama.
¿Qué logró el Estado sionista en estos veintidós días?
Según el primer ministro Olmert, Israel "alcanzó todos sus objetivos"; menos enfático, el ministro de guerra, Ehud Barak, solamente reconoció "algunos".
En realidad, el "cese del fuego" deja al descubierto que Israel no alcanzó ningún objetivo, simplemente porque el Estado sionista no tiene objetivos sino sólo pesadillas. Incluso los críticos internos de esta masacre advirtieron que, cualesquiera fuesen, los objetivos eran "inalcanzables".
Se decía que el objetivo era obtener "una tregua duradera", una contradicción flagrante. Las treguas no son para que duren sino para quebrarlas. ¿Cuánto puede durar cualquier tregua basada en el sometimiento? Lo que no pudieron lograr los racistas blancos en Sudáfrica, no lo obtendrán los sionistas en Palestina. No pudieron alcanzarlo siquiera los colonizadores hispano-portugueses, pues la lucha por recuperar las tierras y las riquezas usurpadas no cesa desde hace siglos -y ahora está reforzada por los contingentes del proletariado moderno y los campesinos oriundos de todas las latitudes.
El Ejército sionista no pudo acabar con Hamas, una organización minúscula en número, que sobrevivió peleando durante 22 días. El fundamentalismo islámico se ganó en el combate el título de resistencia nacional. Toda resistencia nacional está obligada a movilizar políticamente a las masas y por eso crea la posibilidad de que ellas superen sus limitaciones políticas -en este caso el fundamentalismo teocrático. Lo más cercano a la ideología y a la práctica asistencial o clientelar de Hamas, es el fundamentalismo religioso sionista.
Israel acabó con la infraestructura civil en Gaza, pero de ningún modo con la "infraestructura terrorista" de Hamas; nadie puede evitar que los oprimidos acaben dándose los medios materiales de la lucha por su emancipación. Si la guerra sirvió, en este sentido, fue para moldear y entrenar a nuevos combatientes.
Se decía que Israel pretendía debilitar a Hamas y reforzar a los palestinos moderados. Pero la guerra liquidó políticamente a Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina con mandato vencido. El repudio popular palestino a su gobierno es inmenso; prohibió y reprimió las manifestaciones en defensa de la población de Gaza. La liquidación política de Abbas y de la Autoridad Palestina significa la liquidación del llamado "proceso de Oslo" y de sus sucedáneos (la "hoja de ruta", Anápolis) y de la pretendida "solución de dos estados", que en realidad convierte a los territorios ocupados en "bantustanes" segregados. Israel liquidó esta perspectiva porque no está dispuesta a hacer ninguna concesión. Desde la firma de los tratados de Oslo, el número de colonos israelíes en Cisjordania se ha más que duplicado (de 116.000 a 275.000); otros 180.000 israelíes viven en la parte árabe (oriental) de Jerusalén. El Muro del Apartheid ha confiscado el 10% de las tierras palestinas en Cisjordania. En este cuadro, la impasse política en el Medio Oriente es completa.
La guerra ha puesto en completa crisis a los regímenes reaccionarios árabes e islámicos en el Medio Oriente aliados de Israel. Esos regímenes -Egipto, Jordania, incluso Turquía- colaboraron activamente con la masacre; por eso, en cada uno de estos países hubo grandes movilizaciones populares contra sus propios gobiernos. En los últimos días del ataque, estos regímenes se vieron obligados a chocar con Israel. Turquía pidió su expulsión de las Naciones Unidas por cometer crímenes de guerra; el canciller egipcio denunció que "Israel está ebrio de violencia". La declaración unilateral de tregua por parte de Israel agravó la crisis de estos regímenes reaccionarios, porque los privó de aparecer ante sus propios pueblos como los artífices del rescate del pueblo de Gaza de las bombas. El golpe de gracia a estos regímenes reaccionarios lo dará la crisis mundial, que degradará las misérrimas condiciones de vida de los explotados de esos países. La caída de estos regímenes reaccionarios significará la apertura de una perspectiva liberadora en el Medio Oriente y, consecuentemente, agravará la impasse histórica del Estado sionista.
Esta impasse histórica es percibida claramente dentro del propio Israel y se pondrá de manifiesto como consecuencia de las elecciones del 10 de febrero, que pueden ser ganadas por el derechista Benjamin Netanyahu.
Esta perspectiva de nuevas guerras y masacres destaca la validez histórica y la plena actualidad de la vieja consigna socialista -una República única y democrática de Palestina - que reúna a los trabajadores árabes y judíos. Los trabajadores judíos no tienen ninguna perspectiva fuera de una colaboración socialista con los trabajadores palestinos, y menos todavía apoyando la opresión que ejerce el Estado sionista.
Israel ha vuelto a masacrar a cientos de niños, mujeres y ancianos y a destruir la vida y la infraestructura civil de Gaza, sólo para descubrir que su impasse es más profunda que nunca; que los regímenes reaccionarios de la región, sus aliados, están en un tembladeral político y social ilevantable; y que la aspiración nacional palestina sigue en pie.
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