El boom sojero no subió el salario rural. Desde diciembre de 2007, el peón general gana 1.080 pesos. El conductor tractorista o maquinista de cosechadora y demás maquinarias - el más especializado de la escala- 1.203 pesos.
La escala prevée trabajo infantil "legal" con mensualidad de 684 pesos para los chicos de 14 a 15 años, con incrementos sucesivos hasta los 972 pesos para los jóvenes de 17 a 18. Se establece además, para los casos en que se reconozca la comida, un importe de 6,24 pesos por día, para reponer fuerzas en jornadas que son siempre de sol a sol.
Todo esto está sujeto a sustituciones en especies, variedad prevista en la Ley 22.248 que rige desde el tiempo de Videla y reglamenta un verdadero paraíso de flexibilidad laboral, excluyendo de la Ley de Contrato de Trabajo a los compañeros rurales.
No se trata tampoco de una paritaria, sino de una Comisión Nacional de Trabajo Agrario, organismo tripartito donde participan Uatre, la patronal y el Estado. La comisión aprobó esos importes en octubre pasado, con el voto en contra (naturalmente a la baja) de la "combativa" Confederaciones Rurales Argentinas que dirige el ahora mediático Mario Llambías.
El problema no se agota en este convenio de la pobreza, es apenas una referencia. Según la consultora Equis "el campo remunera a sus trabajadores con el salario medio más bajo de la economía, un 40% por debajo del valor de la canasta de pobreza, mantiene un 42% de trabajadores sobreocupados con jornadas laborales de más de diez horas y adicionalmente los castiga con una tasa de informalidad laboral del 72%" (Crítica, 20/5).
La "informalidad" está legalizada mediante los trabajos de "temporada" que dominan la contratación arrendataria. "En actividades como el tabaco (Misiones, Salta), el trabajo asalariado ha reemplazado la mediería, pero mediante el trabajo temporario, constituyendo un mercado de trabajo precario (Neiman y Quaranta).
Lo que "Momo" Venegas de Uatre (moyanista y jefe de las 62 Organizaciones, hoy alineado con las cuatro entidades patronales en la crisis del agro) exhibió todos estos años como los "grandes avances" del trabajador rural es la entrega más grande del movimiento obrero de estos tiempos.
Las descomunales ganancias de la devaluación monetaria y los sobreprecios internacionales del agro que embolsaron los pulpos exportadores, las compañías de agroquímicos y semillas transgénicas, los pools de siembra, los arrendatarios y los propietarios de campos de todo tamaño, aún de pequeñas extensiones que viven de renta, se hicieron sobre la más brutal superexplotación de la mayor fuerza social del "campo": más de un millón de obreros rurales.
El trabajador rural es un "desaparecido" en esta crisis, está a la rastra de la patronal como consecuencia de la nefasta política de su burocracia sindical, cuando como nunca antes se ha puesto en el debate nacional la disputa y la usurpación de la riqueza que crea. Esta política criminal es seguida por la izquierda "chacarera" que acompañó el disimulo de la patronal agraria y del gobierno, cómplices de esta situación.
Un programa de la clase obrera agraria debe formar parte de la agenda de debate nacional alrededor de la crisis planteada. Doble aguinaldo para los trabajadores rurales. Garantía horaria y salarial durante todo el periodo del lock-out patronal. Derogación de la ley videliana que los excluye del contrato universal de trabajo, paritarias para el trabajador rural; organización en campos, fincas y sociedades de explotación agraria; prohibición del trabajo infantil; jornada de ocho horas; salario equivalente a la canasta familiar.
La escala prevée trabajo infantil "legal" con mensualidad de 684 pesos para los chicos de 14 a 15 años, con incrementos sucesivos hasta los 972 pesos para los jóvenes de 17 a 18. Se establece además, para los casos en que se reconozca la comida, un importe de 6,24 pesos por día, para reponer fuerzas en jornadas que son siempre de sol a sol.
Todo esto está sujeto a sustituciones en especies, variedad prevista en la Ley 22.248 que rige desde el tiempo de Videla y reglamenta un verdadero paraíso de flexibilidad laboral, excluyendo de la Ley de Contrato de Trabajo a los compañeros rurales.
No se trata tampoco de una paritaria, sino de una Comisión Nacional de Trabajo Agrario, organismo tripartito donde participan Uatre, la patronal y el Estado. La comisión aprobó esos importes en octubre pasado, con el voto en contra (naturalmente a la baja) de la "combativa" Confederaciones Rurales Argentinas que dirige el ahora mediático Mario Llambías.
El problema no se agota en este convenio de la pobreza, es apenas una referencia. Según la consultora Equis "el campo remunera a sus trabajadores con el salario medio más bajo de la economía, un 40% por debajo del valor de la canasta de pobreza, mantiene un 42% de trabajadores sobreocupados con jornadas laborales de más de diez horas y adicionalmente los castiga con una tasa de informalidad laboral del 72%" (Crítica, 20/5).
La "informalidad" está legalizada mediante los trabajos de "temporada" que dominan la contratación arrendataria. "En actividades como el tabaco (Misiones, Salta), el trabajo asalariado ha reemplazado la mediería, pero mediante el trabajo temporario, constituyendo un mercado de trabajo precario (Neiman y Quaranta).
Lo que "Momo" Venegas de Uatre (moyanista y jefe de las 62 Organizaciones, hoy alineado con las cuatro entidades patronales en la crisis del agro) exhibió todos estos años como los "grandes avances" del trabajador rural es la entrega más grande del movimiento obrero de estos tiempos.
Las descomunales ganancias de la devaluación monetaria y los sobreprecios internacionales del agro que embolsaron los pulpos exportadores, las compañías de agroquímicos y semillas transgénicas, los pools de siembra, los arrendatarios y los propietarios de campos de todo tamaño, aún de pequeñas extensiones que viven de renta, se hicieron sobre la más brutal superexplotación de la mayor fuerza social del "campo": más de un millón de obreros rurales.
El trabajador rural es un "desaparecido" en esta crisis, está a la rastra de la patronal como consecuencia de la nefasta política de su burocracia sindical, cuando como nunca antes se ha puesto en el debate nacional la disputa y la usurpación de la riqueza que crea. Esta política criminal es seguida por la izquierda "chacarera" que acompañó el disimulo de la patronal agraria y del gobierno, cómplices de esta situación.
Un programa de la clase obrera agraria debe formar parte de la agenda de debate nacional alrededor de la crisis planteada. Doble aguinaldo para los trabajadores rurales. Garantía horaria y salarial durante todo el periodo del lock-out patronal. Derogación de la ley videliana que los excluye del contrato universal de trabajo, paritarias para el trabajador rural; organización en campos, fincas y sociedades de explotación agraria; prohibición del trabajo infantil; jornada de ocho horas; salario equivalente a la canasta familiar.
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