Un fallo que legitima el trabajo semiesclavo

El fallo del juez Oyarbide, absolviendo a los dueños de Soho por la utilización de trabajo esclavo en la confección de sus vestimentas, es una provocación contra quienes trabajan en este país en condiciones de superexplotación y esclavitud.
Según el juez, esas condiciones semiesclavas son "Costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros". No niega el delito, sino que pretende justificarlo. En Argentina, y también en Bolivia, esas supuestas "pautas" opresivas han sido superadas por la organización colectiva de los trabajadores, y luego reconocidas por el Estado. Esas conquistas son negadas por la práctica cotidiana de grandes empresas textiles, con la complicidad del gobierno y, ahora, de la justicia.
El juicio iniciado por la Unión de Costureros y por la Defensoría del Pueblo no afecta solamente la utilización de trabajo esclavo por parte de empresas como Soho. Pone de relieve las relaciones laborales practicadas por la patronal agraria e industrial de este país. Recientemente, Ignacio de Mendiguren, presidente de la Cámara de la Indumentaria y vice de la Unión Industrial, reconoció que el 78% de la fuerza laboral de su "sector" se encuentra en negro. Lo mismo ocurre en el trabajo rural, donde los terratenientes abusan de niños y someten a mujeres, prácticas que los juzgados del norte del país defienden también en nombre de inexistentes "prácticas culturales".
"Denunciamos este fallo antiobrero, y la complicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que promueve una modificación de la ley de trabajo domiciliario que otorga a las patronales una mayor impunidad"