Libertades Politicas

El secuestro de Juan Puthod

Durante más de 24 horas, el secuestro de Juan Puthod, un carpintero metálico, presidente de la Casa de la Memoria de Zárate, "tuvo en vilo" al gobierno nacional y provincial, que "no podían permitirse otro caso como el de Julio Jorge López" (Clarín, 2/5). Sin embargo, ni la "preocupación" de la presidente ni el "operativo cerrojo" del gobernador Daniel Scioli y su ministro Carlos Stornelli (250 efectivos, la división canes y helicópteros) fueron capaces de encontrar a Puthod, un ex desaparecido y preso político que pasó por siete centros clandestinos de detención. La liberación fue decidida por los secuestradores, que lo dejaron "a 15 cuadras de donde lo secuestraron, en un lugar rebosante de policías" (Página/12, 2/5).
"Nosotros te cuidamos, nosotros te secuestramos. Flaco, vos no entendiste todavía que la vida de ustedes está en nuestras manos", le dijeron a Puthod sus captores. Como reconoció el ex gobernador Felipe Solá, en la Bonaerense siguen activos 9 mil efectivos que actuaron durante la dictadura. Puthod apunta a "Luis Patti, a la mano de obra desocupada y a la policía", porque mientras estaba cautivo lo interrogaron sobre Carlos Souto -en cuya desaparición está involucrado Patti- y sobre un próximo homenaje a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, asesinados por el ex subcomisario. También le recordaron que había recibido muchas advertencias y que "hasta tu mujer cobró". Una vez libre, Puthod dijo que "si no me dan bolilla voy a investigar solo", y responsabilizó a la Fiscalía de Zárate-Campana, "que durante tres años cajoneó las denuncias que les llevamos sobre las zonas liberadas, las amenazas y la golpiza a mi esposa". La respuesta del fiscal Juan Martín Zocca es imperdible: "respondió que recién tomaba conciencia de ese tipo de denuncias" (Clarín, 3/5).
Han pasado 19 meses de la desaparición de Julio López.
Después de que apareció Puthod, Scioli y Stornelli se llamaron a silencio, en una actitud que los medios señalan que "no hizo más que alimentar las dudas que aún no pudieron aclararse en torno al secuestro" (Clarín, 3/5). "Un dèja vu del caso Gerez", titula miserablemente La Nación (2/5), que señala que ambos están vinculadoa a Emilio Pérsico.
Puthod es un testigo clave en varias causas contra genocidas (Campo de Mayo, Patti, Tiro Federal de Campana). El y Martín Labró, otro integrante de la Casa de la Memoria -una institución que no recibe subsidios ni del Estado ni de nadie-, se retiraron de la Comisión de Campo de Mayo después de presenciar "un debate sobre un espacio para la memoria donde se sostenía que las Fuerzas Armadas habían cambiado y que no era descabellado compartir instalaciones con ellos. Casi me vuelvo loco", explicó (Página/12, 2/5). Puthod también se dedica "a acumular documentación en contra de la Prefectura y los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito comprendido entre Zarate, Escobar, Campana, Exaltación de la Cruz y Baradero" (Clarín 4/5). Como testigo y querellante en la causa del Tiro Federal debe declarar en octubre por el hallazgo de presuntos restos humanos. En el Tiro Federal, convertido en campo clandestino por el Ejército, desaparecieron decenas de obreros, entre ellos trabajadores de Siderca, una empresa del grupo Techint que linda con el predio y hasta tenía una puerta que los comunicaba. "El lugar fue demolido el año pasado por Techint a pesar de recaer sobre él una medida judicial de no innovar" (Crítica, 30/4). "Muchos de los empresarios y gerentes de entonces siguen desempeñándose en las compañías de Paolo Rocca", denuncia la Asociación de ex detenidos desaparecidos.
La fiscalía dirigió la investigación hacia ex integrantes de la Prefectura, pero aceptó la coartada y liberó inmediatamente a un prefecto que Puthod denunció hace tiempo como genocida. De todos modos, el fiscal acaba de declararse incompetente y la causa pasará al fuero federal con la carátula de "desaparición forzada" (Clarín, 4/5). "Para que esta figura pueda ser considerada el fiscal debe interpretar que hubo intervención directa de fuerzas de seguridad en el hecho", aseguró una fuente judicial (www.laautenticadefensa.com.ar).
Simultáneamente al secuestro, hubo una nueva seguidilla de intimidaciones contra testigos y abogados de los juicios contra los represores y fue amenazada la hija de Hebe de Bonafini.