Critica Digital 31/07/2008
Batalla de estatales contra policías: Schiaretti y el Gobierno nacional cruzan acusaciones
Violento estallido por el ajuste en Córdoba
La Legislatura votó la ley que recorta jubilaciones y aumenta impuestos. Entre el castigo por la guerra gaucha y el desgobierno local.
Violento estallido por el ajuste en Córdoba
La Legislatura votó la ley que recorta jubilaciones y aumenta impuestos. Entre el castigo por la guerra gaucha y el desgobierno local.
Córdoba tuvo ayer su día de furia anunciado. Una batalla campal entre la policía y empleados públicos de veinticuatro gremios copó el centro de la ciudad, y le puso un marco de violencia a la crisis política y financiera que vive la provincia. El disparador fue la discusión de una ley que establece el recorte a las jubilaciones y un nuevo sistema para calcular sueldos, promovida por el gobierno de Juan Schiaretti, y que el oficialismo logró aprobar por 40 votos contra 28. Según los funcionarios cordobeses, es la única manera de reemplazar los fondos que la Nación debe a la provincia y la pone al borde de la cesación de pagos a los jubilados.Según la Casa Rosada, tal deuda no existe y el desmadre de los números es sólo consecuencia de la mala administración que dejó el ex gobernador José Manuel de la Sota.En ese marco de discusión entre las posiciones irreconciliables del gobierno cordobés y del nacional, ayer fue un día de caos, en el que la ira de los manifestantes se instaló en el centro de la ciudad. La telaraña de peatonales que rodean la plaza San Martín, frente a la catedral, fue el escenario de la batalla, y el foco estuvo puesto en las inmediaciones de la Legislatura, que sesionaba con el ruido de fondo de la bombas de estruendo, las balas de goma, las sirenas de las ambulancias y los disparos de mortero de los manifestantes. Para completar el cuadro, un apagón que afectó a unos cuarenta mil cordobeses, el diez por ciento de la ciudad, era atribuido a sabotaje. El corte de energía, entre otras, afectó a la zona de concentración de hospitales, y cuando se produjo había diez chicos conectados a respiradores artificiales.Habían pasado unos minutos desde las diez de la mañana cuando la multitudinaria marcha de estatales, docentes, municipales, trabajadores de Luz y Fuerza y partidos de izquierda trató de avanzar sobre la Legislatura.En torno al edificio, sobre la calle Deán Funes, en pleno casco histórico, mil policías esperaron detrás de las vallas. Eran efectivos de la guardia de Infantería, apoyados por bomberos y grupos antimotines. Para las once, la batalla alcanzaba su apogeo. Había enfrentamientos en la esquina de Colón y General Paz y en las inmediaciones de la Legislatura, sobre Obispo Trejo y 27 de Abril.Algunos manifestantes, los rostros cubiertos por pañuelos, arrojaban piedras y bombas de estruendo contra el vallado, destrozaron paradas de colectivos, cabinas telefónicas y vidrieras de comercios. Los más organizados llevaron cajones con limones para impregnar los pañuelos y neutralizar los efectos de los gases, y utilizaron morteros de lata para tirar tuercas, candados y trozos de caño.La policía respondió con gases y balas de goma, y los bomberos arrojaron agua desde los hidrantes. Cuando los enfrentamientos se fueron trasladando hacia la plaza San Marín comenzó una suerte de guerra de posiciones, donde los bandos disputaron cada metro, y algunos árboles ardieron alcanzados por las bombas molotov. Un auto particular que estaba en las inmediaciones fue volcado por los manifestantes.Para entonces, las peatonales que rodean la zona de la catedral estaban destrozadas y los jefes de seguridad de las columnas apenas podían contener los intentos de saqueo y robo a los negocios donde se habían roto las vidrieras. Los grupos de choque de los manifestantes comenzaron a replegarse poco después de las dos, y lentamente la calma fue volviendo al microcentro.La Legislatura, mientras tanto, había adelantado su sesión y estaba deliberando. En las horas previas al debate, la oficialista Unión por Córdoba no había ahorrado esfuerzos, y había hecho recuperar sus bancas a los ministros de Finanzas, Ángel Elettore, y de Acción Social, Juan Carlos Massei, además de otros funcionarios de menor rango. Como es de rigor, también había rumores de “compra” de votos que no pudieron verificarse.Finalmente, en las últimas horas de la tarde, la ley se aprobó y los manifestantes volvieron a tratar de avanzar sobre el microcentro, que para entonces estaba ocupado por la policía. La primera reacción de los gremios fue llamar a cortes de ruta para el próximo fin de semana, una especie de déjà vu del último conflicto rural.El día de furia que ayer vivió Córdoba fue justamente el último emergente de aquella pelea entre las entidades agrarias y la Casa Rosada. En el origen de la discordia están las posiciones adoptadas por Schiaretti en el reciente conflicto del campo, cuando se alineó con las entidades ruralistas y recibió en su despacho a Alfredo de Angelis, uno de sus íconos.Según la versión del schiarettismo, el gobierno K no perdonó la indisciplina, y el ajuste de cuentas comenzó con desaires, siguió con palabras filosas y acabó con la asfixia económica.La mirada de la Casa Rosada sostiene que la crisis provincial es sólo producto del mal manejo administrativo, y en cuanto a los números, son tajantes: “A Córdoba no se le debe ni un centavo”. Dijo el ministro del Interior Randazzo: “es un problema de ellos. Hubo mala administración”.Schiaretti, quien fuera vicegobernador de De la Sota, está en el cargo desde hace menos de un año, cuando le ganó a Luis Juez por un puñado de votos unas elecciones sospechadas de fraude. Desde entonces no amplió su base política, y las facturas han comenzado a llegar no sólo desde Buenos Aires: en los últimos días, en la ciudad, aparecieron pintadas:“Ahora, la plata pedísela a De Angeli”. “Nos castigan por apoyar al campo”El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti atribuyó la crisis de su provincia “al castigo del Gobierno nacional que no nos envía fondos que debe enviarnos por ley. Si quieren castigarme a mí, que me echen del consejo del partido, pero que no castiguen a toda una provincia sólo porque estuvo del lado del campo”. Pidió también que “se separe una diferencia política de una relación institucional”. Y abogó por una rediscusión del sistema de coparticipación para hacer “un verdadero federalismo”. Estimó que “hace unos dos meses que no tengo contacto con la Presidenta”. En su entorno dejaron trascender –sin pruebas– que gente del conurbano participó infiltrada en la promoción de los incidentes en la calle”.“Hacen lo mismo que Cristina”La primera responsabilidad es local: De la Sota antes y Schiaretti ahora han fundido el sistema previsional –afirmó Luis Juez, opositor a Schiaretti y a los Kirchner–. Durante años les sacaron un siete por ciento a los trabajadores del Estado para formar una caja que compense probables desfases. Pero resulta que ahora que se ha producido el desfasaje, la plata no está, y apelan a recortar jubilaciones y meter más impuestos de un zarpazo. Hacen lo mismo que le reprochaban a Cristina: anunciar la búsqueda de consenso y después intentar sacar una ley de prepo, con legisladores que viven en un termo, porque la Policía rodea tres manzanas de la Legislatura. El gobierno nacional es corresponsable porque avaló el fraude con que le dieron por ganadas las elecciones. Y el actual vicegobernador (por Héctor Campana) es el nexo para los negocios de De Vido y Jaime.Qué se votó La ley aprobada ayer establece un recorte entre el 22 y el 27 por ciento a las jubilaciones superiores a 5 mil pesos, que serán devueltos con un título a cobrar en ocho años, y modifica la fórmula para el cálculo de haberes. Este último punto es el que provocó el mayor rechazo de los gremios estatales. Anoche, después del cuarto intermedio tras la agitada sesión, los legisladores empezaban a debatir el proyecto de ley impositiva anual 2008 y el Código Tributario, que establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2010 de las exenciones al Impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad de la construcción y la industria, y fija la alícuota general en uno por ciento de la facturación bruta para la actividad fabril mientras que la construcción pasará a tributar un 2,5 por ciento. El proyecto también propone que se eleve medio punto porcentual las alícuotas vigentes para el comercio y los servicios.
